*Senado aprueba en lo general reforma a Ley de Amparo*

Con 76 votos a favor, Morena  y sus aliados, los partidos del Trabajo y (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron ayer en el Senado de la República  la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La oposición sólo sumó 39 votos, del PAN, PRI, y MC, insuficientes para frenar la reforma que ayer fue avalada en lo general por el pleno senatorial.

Por la tarde, el dictamen fue aprobado en comisiones y pasó casi de inmediato la discusión del proyecto al Pleno.  Al respecto, el oficialismo aseguró que la modificación permitirá evitar abusos con la figura del amparo, mientras que la oposición señaló que es un retroceso a las garantías de los mexicanos.

Alrededor del mediodía, sesionaron las comisiones unidas de Justicia; de Hacienda y Crédito Público; y Estudios Legislativos para analizar y debatir el proyecto de decreto de reforma a la Ley de Amparo.  En la sesión, el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que la iniciativa no elimina derechos ni restringe el acceso al amparo.  Consideró que lo que se está modificando no es una regresión, sino un ajuste para evitar que se abuse de la figura, especialmente en materia recaudatoria; en tanto, indicó que no se trata de la primera adaptación que se le hace.

Por el contrario, la senadora panista María De Jesús Díaz Marmolejo aseguró que la iniciativa presidencial es un retroceso histórico, ya que debilita la protección de los Derechos Humanos y atenta contra la progresividad de los mismos. Comentó que los cambios sugeridos no eran un perfeccionamiento de mecanismos de justicia, sino una restricción de los mismos.

“Para recibir justicia es necesario contar con tribunales que nos escuchen, que nos amparen y nos protejan contra el fuerte y el arbitrario. Esa es la esencia del amparo y con las reformas propuestas en este proyecto de decreto se atenta contra este mecanismo”, pronunció y anunció el voto en contra del  proyecto por parte del Partido Acción Nacional (PAN).

También en contra se manifestó la senadora Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien coincidió con la otra opositora diciendo que esta modificación legal se distancia de la reforma constitucional de 2011, que reconoce el principio de progresividad. Asimismo, dijo que va en contrasentido a la equiparación de la Constitución Política con convenciones y tratados internacionales, dado que la nueva legislación se estará despegando de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, Erik Iván Jaimes Archundia, sin partido y suplente de  Manlio Fabio Beltrones, expresó que negar las suspensiones tendrá consecuencias económicas porque empresarios o empresas sacarán su dinero del sistema financiero mexicano. Opinó que estos buscarán certeza de que sus cuentas no serán congeladas de entrada y que puedan obtener suspensiones en determinado momento.

Tras un par de horas de discusión final, fue avalado el dictamen con 32 votos a favor y 12 en contra. Ante ello, se envió al Pleno para su discusión durante una de las sesiones vespertinas.

Fue posterior de las 5:30 p.m. cuando Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva, inició la sesión y preguntó si se dispensaban requisitos para poder discutir el dictamen. Ante ello, dio la palabra al morenista Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, para fundamentar el proyecto, el cual inició su discurso sosteniendo que el proyecto es producto de un proceso plural y transparente, dado que fue diseñado en audiencias públicas con especialistas, litigantes, académicos y representantes de organizaciones sociales.

“Persigue tres objetivos fundamentales: modernizar el juicio de amparo incorporando de manera clara el uso de herramientas digitales; hacer más eficiente y ágil el procedimiento cerrando espacios a la dilación y el abuso de esta noble institución; y preservar el carácter garantista reafirmando que es un recurso efectivo de defensa frente a los actos de autoridad”, externó el exgobernador de Chihuahua.

El expanista afirmó que el dictamen fortalece la seguridad jurídica, pero sin cerrar la puerta al acceso a la justicia de colectivos que acrediten afectaciones efectivas. Precisó que la suspensión del acto reclamado se mantiene como instrumento esencial de protección, pero añadió que se establecen límites en casos sensibles de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública.

Por otra parte, expuso que la protección al “mínimo vital” para salarios, alimentos y vivienda queda garantizada,  cuidando de la persona sin permitir que la suspensión sirva para encubrir actividades ilícitas ni lesivas para el desarrollo del país. Asimismo, resaltó que se eliminó el paquete de “excusas por imposibilidad”, tras advertencias de que eran una puerta a la impunidad, ratificando que las sentencias de amparo son plenamente obligatorias.

Entre los críticos de la propuesta estuvo, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, quien consideró que esta reforma no elimina causales de improcedencia que protegen a las autoridades ni fortalece medidas de reparación. Asimismo, expresó que carece de herramientas para que los jueces defiendan a las personas frente a los abusos del Estado.