Senado aprueba en lo general la nueva Ley de Aguas

El Senado de la República avaló, en lo general, el dictamen de expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Nuevamente, el oficialismo aseguró que esto combatirá los cacicazgos hídricos y la oposición señaló que es un golpe a la propiedad privada.

Apenas unas horas después de su aprobación en lo particular por la Cámara de Diputados, el Senado de la República decidió abordar la minuta con la nueva Ley General de Aguas como un asunto de «urgente resolución», saltándose así su discusión en comisiones y pasándola al pleno directamente. Este procedimiento fue avalado por las bancadas de la «Cuarta Transformación», quienes otorgaron 83 votos a favor, superando los 27 opositores que pedían no abordar la minuta en esa sesión.

Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, explicó que el dictamen tiene su origen en una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 9 de octubre, ante el Congreso de la Unión. No obstante, destacó que la Cámara de Diputados la modificó rescatando elementos de 23 iniciativas relacionadas y atendiendo distintas voces que comparecieron ante ella.

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«También es importante mencionar que la materia hídrica se encuentra actualmente en una situación crítica que demanda respuestas rápidas por parte del Poder Legislativo, por lo que aplazar la deliberación de dicho asunto por el Pleno profundizaría vacíos regulatorios y de coordinación que día con día generan conflictos, ineficiencias y riesgos para la gobernabilidad y la prestación de servicios esenciales», pronunció.

Enseguida, el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su coordinador Ricardo Anaya Cortés, promovió una moción de suspensión, argumentando que el dictamen tiene dos «dardos envenenados»: 1) el control político del agua, asegurando que las reasignaciones de agua, cuando un campesino venda su tierra, se harán al gusto del gobierno, y 2) un intento de acabar con la propiedad privada bajo el discurso de que se busca terminar con los «acaparadores». No obstante, no tuvo éxito y la mayoría no avaló su recurso.

Desde Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, acusó que la nueva ley profundizará la crisis hídrica que viene, pues no hay artículos que definan un presupuesto específico para cumplir con la garantía de acceso al recurso. En tanto, señaló que lo que sí hace es darle más responsabilidades a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pese a que se le ha debilitado su asignación de dinero.

Por otra parte, dijo que la legislación deja fuera decisiones en materia de distribución del agua; abandona la sustentabilidad y la protección de los recursos; no contempla la suspensión de concesiones, incluso en situaciones de sobreexplotación que pongan en riesgo el consumo humano; y no respetó la consulta previa, libre e informada a pueblos originarios.

Mientras tanto, la priísta Paloma Sánchez Ramos aseguró que el dictamen centraliza la administración del agua para un gobierno que ya controla todo; reasigna los volúmenes para dirigirlos a discrecionalidad y a donde más le convenga; y prohíbe a productores agropecuarios ser agentes libres en un mercado competitivo que les garantice su independencia.

En contraste, Alejandro González Yáñez, senador del Partido del Trabajo (PT), denunció que la oposición está mintiendo respecto a la supuesta prohibición o discrecionalidad de la transmisión de derechos sobre la explotación de agua cuando se transmita el dominio de la tierra. Al respecto, explicó que el artículo 49 de la Ley General de Aguas dirá:

“Cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua a que se refiere el presente capítulo, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes. La autoridad del agua, una vez efectuado el cambio de dominio, expedirá un nuevo título de concesión conforme a las características de uso y volumen del título original”.

Enseguida, la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), planteó que la reforma duele a los «caciques del agua» porque generará un sistema justo, transparente y sostenible, subrayando que entre estos hay exgobernadores, dirigentes partidistas y senadores opositores. «En muchas colonias las familias se bañan con cubetas, pero a unos kilómetros pozos industriales extraían miles de metros cúbicos diarios sin vigilancia y sin legalidad. ¿Cómo se explica eso? Concesiones, sinvergüenzas, títulos duplicados, políticos involucrados», dijo

Finalmente, la senadora morenista Andrea Chávez Treviño citó que el artículo 37 bis garantiza las sucesiones, las herencias de los pozos, de los títulos de concesión, además del respeto que debe tener Conagua a las entregas volumétricas exactas de los títulos de concesión que estaban previos a la compraventa de los terrenos. Asimismo, expuso que es falsa la eliminación de las «zonas de libre alumbramiento», lo cual se especifica en el quinto transitorio.

Después de casi tres horas de debate, se abrió el tablero electrónico el cual registró 121 votos, de los cuales 85 fueron a favor de aprobar el dictamen en lo general, 36 en contra y 0 abstenciones. Enseguida, inició la discusión en lo particular, ante lo cual se espera que todas las reservas sean desechadas y finalmente sea avalado durante la madrugada o la mañana del viernes. De ser así, pasará al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).