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Nación

Senado aprueba echar abajo ley mordaza del INE sobre revocación de mandato

Seguidores de la 4T se han dedicado a recolectar firmas para lograr que se lleve a cabo la revocación de mandato

El Senado de la República aprobó hoy el decreto por el cual se interpreta la Ley de Revocación de Mandato y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de que los funcionarios públicos puedan hablar sobre la revocación de mandato sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) considere esto como indebido.

Con una votación de 67 votos a favor y 34 en contra, el Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para modificar la conceptualización de propaganda gubernamental y con ello permitir que los servidores públicos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), puedan hablar y promover la revocación de mandato. Con el voto mayoritario, se apoyó el no constituir como propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas que se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables.

Asimismo, tampoco se constituirá propaganda gubernamental la información de interés público de la fracción XII del artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual indica que es información de interés público aquella que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados.

Durante la discusión, el senador Manuel Añorve, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró que la intención de la interpretación es permitir a los servidores públicos dar señales a la gente para que salga a la calle a participar en la revocación de mandato porque no está inmersa. “Los servidores públicos piensan, razonan y van a ordenarle a los secretarios, subsecretarios, directores generales, los que tienen buena chuleta en relación a sus ingresos”, dijo el legislador guerrerense; sin embargo, señaló que “va a juntar más gente un accidente de tránsito” que un servidor público al que le obliguen promover el ejercicio.

Por su parte, la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge , integrante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el Senado se estaba convirtiendo en una oficialía de partes de las ocurrencias presidenciales para discutir proyectos que no apoyan al pueblo. Esta consideró que en lugar de hacer valer la revocación de mandato como un derecho ciudadano y un auténtico ejercicio democrático, Morena lo ha convertido en una campaña presidencial permanente.

«En el fondo se ha ignorado que el INE ha cumplido al difundir la consulta, tal y como lo mandó este Poder Legislativo, no estamos en contra de la revocación de mandato, como un mecanismo de democracia y directa, pero sí con un ejercicio tramposo que busca probar la fuerza electoral y los apoyos presidenciales y que evidencia el uso de recursos opacos e inexplicables», expuso.

A favor del proyecto, la senadora morenista Antares Guadalupe Vázquez Alatorre cuestionó a la oposición por criticar que el poder legislativo interprete las leyes que hace pero defiende «con su vida» que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí pueda hacerlo. «Aquí hay unas gentes que defienden la autonomía de esos organismos autónomos que crearon por todas partes; ay, sí, su autonomía, pero pretenden vulnerar la autonomía de uno de los tres Poderes de la Unión, que es éste», argumentó.

La legisladora  señaló que el árbitro electoral está vulnerando los derechos de la ciudadanía, pues no está solo facultado sino obligado por la ley a contratar publicidad y difundir la consulta de revocación de mandato, cosa que, a su consideración, no ha sucedido.

Tras su aprobación en lo general y lo particular, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero indicó que está será turnada al poder ejecutivo para sus efectos constitucionales. Tras ello el decreto sería publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a fin de que su contenido comience a ser vigente al día siguiente como lo establece el proyecto legislativo.

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