SCJN suspende debate sobre prisión preventiva oficiosa; continuará el jueves

En una sesión de poco más de una hora en la que los ministros del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomaron la discusión del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales que plantea acotar la prisión preventiva oficiosa, pero luego de la exposición de cuatro integrantes decidieron posponer para el jueves la continuidad del debate.

Aguilar Morales expuso su proyecto en el que señala que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los derechos humanos al concebirse como medida adelantada de una pena que aún no le ha sido dictada al acusado, por lo que se debe permitir la interpretación del juez para que dejen de aplicarla de forma automática y por el contrario se dé un debate entre el Ministerio Público y la defensa sobre la necesidad de que el imputado permanezca o no privado de la libertad mientras se lleva a cabo su proceso penal.

Sin embargo, el ministro ponente expresó que su proyecto no propone la desaparición de la prisión preventiva, de hecho, señaló que ese ni siquiera es el tema de discusión, como tampoco se trata de invalidar normas que contienen tipos penales.

“Esta propuesta no significa desde luego, como se ha pensado, la desaparición de la prisión preventiva ni la liberación inmediata de las personas que actualmente están en prisión preventiva oficiosa, con fundamento en las normas que se propone declarar inconstitucionales, de hecho, no es tema”, subrayó.

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Pero reiteró que la presunción de inocencia no es un simple formalismo jurídico carente de implicaciones concretas o materiales, sino más bien es una norma viva que debe aplicarse en todo enjuiciamiento, y cuyo mandato se atropella con la prisión preventiva.

“No estoy en contra de la prisión preventiva, es necesaria y una medida cautelar muchas veces indispensable, no se piensa desaparecerla, no es tema, pero si debe hacer que sea una medida respetuosa de los derechos humanos”, sostuvo.

En su propuesta, Aguilar Morales, explicó que se propone invalidar la inclusión de delitos fiscales como contrabando, defraudación fiscal y factureros como delitos de seguridad nacional como lo agregaron los diputados en 2019 al catálogo de delitos en la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador porque afirma que no atentan contra la seguridad nacional.

Con esta reforma, estos tres delitos fueron agregados al catálogo que establece el artículo 19 Constitucional como ilícitos que merecen prisión preventiva oficiosa, pero de conseguir el aval el proyecto del ministro, estos saldrían de la lista de aquellos delitos que ameritan la prisión preventiva.

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En tanto, en su posicionamiento, los ministros Yasmín Esquivel Mossa y José Mario Pardo Rebolledo coincidieron en que “no era necesario realizar un estudio sobre la interpretación de la prisión preventiva oficiosa” por lo que ambos se manifestaron en contra del proyecto de su compañero Luis María Aguilar.

Además, Esquivel Mossa explicó que la atribución de suprimir o no la prisión preventiva oficiosa corresponde al Congreso de la Unión, no a la Suprema Corte. Al tiempo que recordó que la prisión preventiva surgió del texto constitucional de castigar delitos graves, en el entendido de que ningún derecho humano es absoluto.

En ese sentido también se pronunció el ministro Pérez Dayán quien hizo un recuento de la figura jurídica de la prisión preventiva oficiosa la cual dijo que su inclusión en la Constitución se debió a “restringir la libertad de los acusados sujetos a juicio”.

En tanto que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá coincidió con el proyecto planteado por el ponente en el sentido de que la interpretación es favorable a la persona y es compatible con los principios de la Constitución, particularmente con la dignidad, libertad personal, pero sobre todo con la presunción de inocencia y con un sistema de justicia garantista.