SCJN: Disputa por la cabeza del Poder Judicial en medio del deseo de reforma y una acusación de plagio

Este 2 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá a una nueva persona en su presidencia tras el fin del mandato del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Sin embargo, la sucesión ha quedado enmarcada entre el deseo de que la “Cuarta Transformación” trastoque directamente al Poder Judicial y una acusación de plagio contra la persona más cercana a este movimiento.

¿Qué se disputa?

Tras verse superada la polémica “Ley Zaldívar” con la cual se buscaba ampliar hasta 2024 la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN, la sucesión pareció entrar como un trámite más en la vida institucional del máximo Tribunal Constitucional. El artículo 97 constitucional mandata que cada cuatro años el Pleno de la Corte elegirá de entre sus miembros al presidente de Corte, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior, por lo que el periodo del litigante culminaría con el año 2022.

Dicha elección es importante, dado que conducirá las sesiones del Pleno, espacio en el cual se abordan algunas de las discusiones legales más importantes en materia judicial con impacto económico y los derechos humanos. Como ejemplos recientes aparecen la constitucionalidad del nuevo modelo energético y la inconstitucionalidad de la prohibición del aborto.

Sin embargo, también se define de facto el combate a la corrupción al interior del poder encargado de la justicia mexicana. Ello debido a que el artículo 100 constitucional establece que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) será un órgano del Poder Judicial de la Federación, encargado de la administración, vigilancia y disciplina de dicho poder, que será presidido por quien encabece la Corte.

¿Quiénes compiten por la presidencia de la SCJN?

Para la presidencia de la SCJN son cinco los perfiles que compiten: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, propuestos por Felipe Calderón Hinojosa; Javier Laynenz Potisek y Norma Lucía Piña Hernández, propuestos por Enrique Peña Nieto; y Yasmín Esquivel Mossa, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cada uno de ellos ha compartido un proyecto con algunos de los temas que proponen como ejes a tratar en sus eventuales presidencias de la Corte. Yasmín Esquivel, por ejemplo, propone la integración de Comités de Ministras y Ministros, así como de Comisiones de Apoyo y de la Unidad de Cooperación Internacional. Adicionalmente, dice que pugnará por una Corte con mejor acceso a su información, digital, actualizada y capaz de visibilizar a las personas de la diversidad sexual, eliminar obstáculos con discapacidad.

En tanto, para el CJF propone un nuevo modelo de persona juzgadora como «factor de cambio», intercambios con instituciones extranjeras, fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, rediseño de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, igualdad de género y justicia participativa.

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En tanto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena tiene en sus líneas de acción fortalecer la Secretaría General de Acuerdos del Pleno y las Secretarías de Acuerdos de las dos Salas; mejorar la comunicación social con un uso de lenguaje sencillo y accesible para dar a conocer el trabajo en el Alto Tribunal; y promete una revisión al contenido de Justicia TV. Adicionalmente, pretende instaurar Casas de la Cultura Jurídica en cada estado y todas las regiones del país; y el intercambio fructífero entre tribunales internacionales y regionales.

Para el CJF, el ministro propone el combate a la violencia laboral y acoso discriminatorio y sexual; fortalecer la carrera judicial con medidas que combatan más el nepotismo; y evaluar el incrementar la preparación escolarizada de quienes aspiren a ingresar o ascender en cualquier cargo dentro de esta institución.

En cuanto a la vigilancia ética profesional, promete promover y dignificar la abogacía e impulsar la adopción de una regulación suficiente que autorice la supervisión y sanción de las conductas de los litigantes que atentan contra la defensa adecuada o las garantías del debido proceso. «Para definir el contenido de esa regulación, se escuchará a los colegios y barras de abogados, instituciones académicas y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras», menciona en su proyecto.

Un tercer ejemplo es el de la ministra Norma Piña, la cual sostiene que su compromiso será desempeñar sus funciones en términos del marco nacional e internacional y la independencia judicial. De manera puntual, propone un mejor uso de los recursos para el ahorro presupuestal, consolidar un nuevo esquema de carrera judicial y fortalecer la Visitaduría Judicial.

Asimismo, considera necesario hacer una reingeniería administrativa de la SCJN y la CJF; actualizar las atribuciones de la Secretaria EjecUtiva de Vigilancia del Consejo; además de crear la Unidad de Implementación y seguimiento de las reformas constitucionales y legales en el CJF.

Poder Judicial en vilo: el futuro en medio del deseo de transformación y un presunto plagio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha manifestado en los últimos dos años que es necesario que en el contexto de la “Cuarta Transformación” hace falta que haya un cambio en el Poder Judicial. Esto al considerar que, pese a los esfuerzos desde el Poder Ejecutivo, en los Ministerios Públicos o juzgados continúan resolviéndose lentamente los casos o son liberados delincuentes aprehendidos valiéndose de presuntos errores en el llenado de documentos o violaciones al debido proceso.

No obstante, el mandatario ha criticado también a la SCJN diciendo que con sus resoluciones sobre la constitucionalidad de las reformas de la 4T, como la de declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para factureros, defiende intereses de grupos económicos y se opone al interés general. Asimismo, ha criticado que pese a que él ha propuesto a nuevos integrantes al CJF este sigue sin vigilar el actuar de los jueces corruptos.

Ante esas críticas, la única candidata con aparentes coincidencias con el mandatario mexicano es Yasmín Esquivel Mossa, una de las cuatro personas que AMLO ha incluido como integrantes de la Corte. Sin embargo, su candidatura se tambaleó desde el 21 de diciembre cuando Guillermo Sheridan, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), denunció en el portal Latinus que la abogada presuntamente plagió su tesis de licenciatura.

Este acusó que la ministra presentó  la tesis “Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Articulo 123 Apartado A” en 1987 para titularse en la FES Aragón. Dicho trabajo tiene un nombre similar y casi contenido idéntico a una de 1986 presentada por el alumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez, de la Facultad de Derecho de la UNAM.

La ministra negó tal hecho y señaló, durante la última semana del mes de diciembre de 2022, una campaña en su contra derivada de su postulación. Por su parte, las autoridades de la FES Aragón analizaron el caso resolviendo que sí hay un plagio; en tanto, el último posicionamiento directo de la UNAM, firmado por el rector Enrique Graue Wiechers, parecen tampoco respaldarla.

Pese a las pruebas presentadas por Esquivel Mossa para defender la autoría del texto en disputa, Enrique Graue mencionó en el comunicado del 31 de diciembre de 2022 que todo parece indicar que la tesis original es la publicada de 1986. Sin embargo, la elección de la presidencia de la SCJN se hará en medio de una falta de resolución universitaria dada la aparición de una supuesta declaración notariada del abogado Baez Gutiérrez.

Obtenida por la exdirectora de la tesis en tela de juicio, Martha Rodríguez Ortiz, la “confesión” notariada dice que presuntamente el litigante titulado en 1986 aceptó que copió el trabajo de la exalumna de la FES Aragón. Debido a este elemento, la comisión que revisa el caso anunció que sesionará nuevamente tras el final de las vacaciones del plantel para resolver finalmente quién fue la persona responsable del robo intelectual.