Revelan afectación a más 373 mil derechohabientes por corrupción en el Infonavit, ahora en modalidad de juicios masivos

El gobierno de México dio a conocer que 373 mil derechohanientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fueron defraudados por la implementación en 2012, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, de juicios masivos a través de despachos legales, de lo cual derivó que 249 mil familias perdieran su propiedad, pese a que muchos de ellos estaban al corriente con sus pagos.

De acuerdo con los datos mostrados por el director general del instituto, Octavio Romero Oropeza, la administración del Infonavit en el gobierno del priista contrató despachos de abogados para iniciar juicios masivos en contra de derechohabientes que presuntamente tenían adeudos en sus créditos impagables de vivienda —algunas de las cuales abandonaron porque se encuentran lejos de la zona urbana y sin servicios básicos—, pero estos juicios fueron promovidos y celebrados en estados diferentes a donde se encontraba la vivienda por lo que sus propietarios jamás fueron notificados de que tenían un juicio en proceso.

Pero hay casos también donde en estos juicios se incluyeron a derechohabientes que se encontraban al corriente con sus pagos, por lo que no tenían por qué iniciarles un proceso que en la mayoría de los casos terminó en despojo de sus viviendas.

Te puede interesar: La presidenta no pone ni quita, dice Sheinbaum sobre exigencia de renuncia de Rocha

Romero Oropeza detalló que por ejemplo hay casos de que la vivienda se encontraba en el Estado de México, pero eran demandados en Coahuila; o la casa tenía domicilio en Nayarit, pero el caso fue promovido en Chihuahua o Nuevo León.

En total, explicó, que hay 373 mil 812 afectados en todo el país, de los cuales 53 mil 685 fueron demandados en el mismo estado donde se ubica su vivienda, pero 320 mil 127 les siguieron un juicio en una entidad diferente al de su residencia, afectando de esta forma sus derechos porque nunca fueron enterados que enfrentaban un proceso en su contra.

Hay casos específicos como los del Estados de México en donde se iniciaron 54 mil 784 procesos, pero solo 79 fueron en la misma entidad, mientras que los otros ¿54 mil 705! Se celebraron en cualquier otro estado. En la misma situación está Chihuahua porque de 31 mil 482 juicios promovidos de viviendas en esta entidad, 30 mil 251 fueron fuera.

El director del Infonavt reveló que en solo seis entidades: Coahuila, con 167 mil 232 caso; Jalisco con 76 mil 560; Nayarit con 61 mil 950; Baja California con 17 mil 286; Ciudad de México con 13 mil 236 y Morelos con 6 mil 471, concentran el 82 por ciento de las demandas de todo el país que se interpusieron en otras entidades.

Todos estos fraudes, sostuvo el funcionario federal, se llevaron a cabo sin que el Comité de Auditoría, ni en la Comisión de Vigilancia y los consejeros realizaran acción alguna para detener este despojo que afectó a ciento de miles de trabajadores.

Te puede interesar: EU deporta a 4 mil 94 migrantes en primera semana de gobierno de Trump: Sheinbaum

En general, señaló Romero Oropeza, de los más de 373 mil derechohabientes, 249 mil perdieron la propiedad de su vivienda, de las cuales 207 mil no han podido ser escrituradas a favor del Infonavit, porque presuntamente ganaron la demanda, por haber habido irregularidades en el proceso, y ahora se encuentran en un limbo legal. En tanto que las otras 42 mil ya fueron vendidas por el Infonavit en subastas masivas.

De todos ellos a los que les arrebataron sus viviendas, 22 mil 386 se encontraban al corriente de sus pagos y aun así fueron despojados. Ahora la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha instruido resarcir los daños a los afectados.

Pero no solamente actuaron de manera irregular estos despachos de abogados, sino que la institución les pagó 29 mil 263 millones de pesos, lo que representa más del presupuesto de Colima que es de 23 mil millones de pesos, o el de Tlaxcala que asciende a 28 mil 33 millones de pesos, o el mismo presupuesto anual del Infonavit que es de 17 mil 941 pesos o la pensión Mujeres Bienestar que representa 14 mil 700 millones de pesos.

Te puede interesar: A México no se ha notificado ningún cierre de visas; hay buena relación con EU con respeto a las soberanías: Sheinbaum

Dentro de los despachos involucrados están: Gabssa, Beamber, ECD, Aguilar, ILS, Tormenz, BajaCoast, Escaip, Molrod, Cajiga, QH Corp, Landing, Rosales, Muñoz, Cardmin, Acser, Ibse y KCS, mismo que hasta ahora tienen contratos vigentes, pero afirmó que están en proceso de cancelación.

Uno de estos despachos, Grupo ACSER, fue beneficiado gracias a gestiones del dirigente sindical del Infonavit, Rafael ‘N’. Este envió correos dentro del instituto para solicitar el pago por 103 millones de pesos a ese despacho por haber demandado a trabajadores por presuntamente presentar demoras en el pago de sus créditos. Este mismo despacho, denunció el director del Infonavit, ya cerró sus oficinas en Veracruz, de lo cual mostró un video de tomado por una derechohabiente afectada.

Pese a que en 2019, a su llegada al gobierno, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Consejo de Administración de Infonavit detener los juicios masivos para detener el desalojo de las familias, estos solo simularon acabar con ellos, e iniciar juicios individuales, pero no fue así porque se recién se detectaron que en la Ciudad de México afectaron a 63 mil 444 derechohabientes.

Y llama la atención que todos estos juicios fueron tramitados en el juzgado 60 civil de la Ciudad de México, es decir, hicieron más de 4 mil al mes, cuando en promedio cualquier juzgado realiza solo 14 juicios. Todos ellos promovidos por nueve despachos de abogados, entre el que se encuentra DESNOR, S.A. de C.V. del que es representante le gal quien ahora es comisionado de vigilancia del Infonavit nominado por Coparmex, y es además “miembro fundador de la constructora ‘Automatic Developments, S.A. de C.V.’ que tiene un proyecto autorizado por el Consejo de Administración para construir vivienda para Infonavit, en evidente conflicto de interés”.