Reconoce Mejía Berdeja a la FGJCDMX por alcanzar pena máxima contra feminicida de Ingrid Escamilla

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, reconoció a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) por haber logrado la pena máxima en contra de Erick Francisco “N”, feminicida de Ingrid Escamilla. Esto a más de dos años y medio de que el individuo cometiera el delito y fuera detenido por un caso que derivó hasta reformas legales ante la difusión de imágenes del crimen.

Desde Palacio Nacional, Ricardo Mejía Berdeja señaló que reconocía el trabajo de FGJCDMX por lograr obtener 70 años de prisión para Erick Francisco “N”, la pena máxima a que un feminicida puede hacerse acreedor según la ley. Además, contó que el acusado fue condenado por un Tribunal por el homicidio perpetrado en contra de Ingrid Escamilla.

“Es un caso de una gran brutalidad, donde no solamente fue el feminicidio, sino tratos crueles e inhumanos y la exhibición posterior de este evento”, pronunció. En tanto, resaltó en su presentación que al victimario se le condenó también a pagar una indemnización por muerte y por gastos funerarios, así como a la reparación del daño moral; además, señaló que se le suspendieron sus derechos políticos y se le negaron sus beneficios y sustitutivos de la pena.

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El 9 de febrero de 2020 fue detenido Erick Francisco «N» en la colonia Vallejo de la alcaldía Gustavo A. Madero de Ciudad de México (CDMX) tras asesinar y desollar a Ingrid. El caso no solamente conmocionó a la ciudadanía por los hechos mismos, sino también porque se filtraron imágenes de la mujer sin vida y comenzaron a circular en internet, ante lo cual internautas propusieron hacer publicaciones con el nombre de la víctima pero acompañadas de imágenes “bellas” a fin de ocultar las de su cuerpo sin vida.

Ante el crimen, colectivos y ciudadanas capitalinas decidieron manifestarse la tarde del 14 de febrero de la antimonumenta “Vivas nos queremos”, frente al Palacio de Bellas Artes, hacia el Ángel de la Independencia. Pese a ello, la indignación aumentó derivado de la publicación de las fotografías por parte de los diarios La Prensa y Pásala, quienes utilizaron las gráficas para ilustrar sus portadas, por lo cual en dicha movilización cientos de mujeres desviaron su camino y acudieron a las instalaciones del primer medio a exigir una disculpa pública.

Derivado de ello, en febrero de 2021 se aprobó una reforma al artículo 293 Quáter del Código Penal capitalino con el fin de sancionar situaciones como estas. Actualmente, establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y una multa de 500 Unidades de Medida y Actualización a servidores públicos que difundan o compartan imágenes, videos o audios relacionados con un procedimiento penal o varios hechos señalados por la Ley como delitos. En tanto, las sanciones aumentarán si la información difundida intenta menoscabar la dignidad de las víctimas o familiares; se tratare de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes; o tenga que ver con las circunstancias de la muerte o salud de la víctima.

En tanto, en el orden federal la Cámara de Diputados aprobó el 24 de marzo pasado una reforma al artículo 225 del Código Penal Federal para castigar con hasta 10 años la difusión de material audiovisual o información relacionada con víctimas de delitos.