Proteger a la población sin perjudicar empresas, objetivo de AMLO con sanciones por queso

Luego de que su administración ordenó retirar desde hoy 19 marcas de queso y dos de yogurt por incumplir con la normatividad oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió que el objetivo de esta acción es proteger la salud de la población. De igual manera, rechazó que se busque perjudicar a empresas privadas y dijo estar abierto al diálogo, sin embargo, también dejó en claro que no se permitirán ‘moches’ ni algún otro tipo de prácticas de corrupción.

“Que se informe sobre esto y diálogo siempre va a haber, no es el propósito perjudicar a las empresas, nada más que también tenemos que cuidar la salud del pueblo. Es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se tienen que utilizar para hacer estos productos, hay muchos productos químicos, adulterados, y eso hay que cuidarlo porque tienen que ver con la alimentación”, dijo López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

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Esto ante las manifestaciones de inconformidad por parte de empresas como Grupo LALA, entre otras firmas privadas, por la sanción interpuesta por la Procuraduría Federal del Consumidor al determinar que algunas marcas de queso y yogurt no cumplen con la Norma Oficial Mexicana y “pueden inducir al engaño”. Siendo que aseguran estar elaboradas 100 por ciento con leche, cuando en realidad utilizan grasa vegetal como sustito, entre otras irregularidades.

El primer mandatario recalcó que su administración está abierta al diálogo con los representantes de la iniciativa privada para discutir el tema, advirtiendo que “ya no es con moche, tienen que ser productos de buena calidad, proteger a los consumidores, al pueblo. Al mismo tiempo, no perjudicar a las empresas, no generalizar, hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen. Hay otras que no, todo es la ambición al dinero y la utilidad”.

Concluyó diciendo que, precisamente por esta razón, se determinó implementar el nuevo etiquetado frontal en los alimentos chatarra. Así como equiparó la adulteración de alimentos con la que se presentaba en los medicamentos que la iniciativa privada vendía a la administración pública en gobiernos anteriores, señalando que, junto a la distribución y las ‘relaciones públicas’, la producción de los tratamientos “era un negocio de 100 mil millones de pesos”.