¿Por qué NO apoyan la consulta para enjuiciar expresidentes Fox, Woldenberg y partidos opositores?

Pese a que la justicia contra la corrupción en México parece ser un clamor popular, son varios quienes cuestionan tanto legalidad como la congruencia de hacer una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. ¿Qué argumentan quienes llaman a no participar o cuestionan que sea algo sustancial para eliminar la impunidad?

«La justicia no se consulta»

El 1 de octubre la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reunió para discutir la constitucionalidad de la materia de consulta popular impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aunque al final se declaró válida, hubo cinco ministros que consideraron que la consulta violaba distintos principios que resguarda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El primero fue Luis María Aguilar Morales, redactor del proyecto que se discutía. De acuerdo con este, la consulta popular para enjuiciar a expresidentes no podía ser avalada por el poder Judicial debido a que 1) condicionaba la validez de los Derechos Humanos (DDHH) y la justicia al voto de las mayorías; 2) violaba el principio de igualdad ante la ley, por disponer que algunos deben ser investigadas solo previo escrutinio y aval público; 3) viola la presunción de inocencia de los presidentes; 4) viola los derechos de víctimas de los posibles delitos en caso de que ganara el «No», al impedir que las autoridades investiguen a los expresidentes; y 5) en caso de no ser vinculatoria, desnaturalizaría dicho ejercicio.

Otro que llamó la atención por su pronunciamiento totalmente en contra fue Javier Laynez Potisek. El ministro fue claro, «La justicia no se consulta». Durante su participación, señaló que someter a consulta posibles faltas administratvas iba contra el artículo 109 constitucional, ya que este ordena que la investigación de las infracciones administrativas graves corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y los no graves a órganos internos de control; de ese modo que de existir delitos esos deben ser investigados para sancionar a los servidores públicos.

«Yo sé que esta no es una decisión fácil y que sé que posiciones como la mía no son populares, es muy probable que una decisión de esta naturaleza, si permaneciera el apoyo al proyecto, no sea apoyada por la mayoría de la población mexicana […] La Suprema Corte tiene como función esencial salvaguardar la supremacía de la Constitución y garantizar el respeto de los derechos humanos de cada mexicana o mexicano, aún muchas veces contra el deseo de las mayorías», declaró entonces.

Consulta para enjuiciar a expresidentes ¿una estrategia electoral del presidente?

El 22 de octubre, la realización de la consulta popular para enjuiciar a sus expresidentes tuvo un SÍ de las bancadas de la 4T (Morena, Partido Encuentro Social y Partido del Trabajo) y un NO insuficiente por parte de Movimiento Ciudadano, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por parte del PAN, el diputado Felipe Fernando Macías Olvera declaró que la ley no se debía poner a consulta, de modo que pidió al presidente López Obrador entregar pruebas de delitos de los exmandatarios a la Fiscalía General de la República (FGR), en caso de tenerlos.

Además, señaló que de otra manera podía solo esconderse el intento de pesar en las elecciones de 2021; esto pese a que el proyecto mencionaba que sería realizada casi 2 meses después de la jornada electoral para renovar gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Sus dichos se sumaron a los de Marko Cortés, presidente del partido blanquiazul, quien dijo que la validación de la consulta pondría en riesgo DDHH y la división de poderes.

Ejercicio costoso en tiempos de austeridad

Aunque el INE vio recortada su pretensión de presupuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y no se han aprobado recursos adicionales a un mes de llevarse a cabo, la consulta podría costar aproximadamente 500 millones de pesos pese a la «austeridad republicana» de AMLO.

Desde la aprobación de la constitucionalidad de la materia, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) declaró que la consulta sería un derroche de recursos innecesarios cuando se debían atender otras necesidades de la población en medio de la pandemia.

Casi 8 meses después, Jesús Zambrano, presidente del PRD, calificó al ejercicio como una necedad del presidente y Morena, puesto que se requería, antes que la consulta, que el dinero se invirtiera en adquirir los medicamentos de niñas y niños con cáncer, cuyos padres se han manifestado con bloqueos en vías de Ciudad de México (CDMX).

Campaña de linchamiento

“No iré a votar a la farsa de consulta que se realizará el 1 de agosto”, declaró José Woldenberg en su artículo «Los perros de Pavlov y la consulta», para El Universal . En este cuestionó el fondo de la pregunta de la consulta popular, asegurando que en realidad el fin que tiene enjuiciar a los expresidentes sino «armar un circo emparentado con los linchamientos».

De acuerdo con el también académico, el ejercicio degradará la democracia, puesto que atenta contra las garantías procesales y responsabilidades de las autoridades. Por ello, llamó a no participar recordando que se requiere una participación del 40% de la lista nominal para que sea vinculante, algo que también AMLO ha recordado en los últimos días.

Este no ha sido el único actor político del pasado en pronunciarse. De manera similar, Vicente Fox pues pidió a la gente no presarse a la «farsa» y dejarles un vacío, pidiendo que posteriormente también se les juzgue por tirar el dinero a la basura.