Piden que PGR atraiga asesinato de ómbudsman de BCS

La diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, planteó ante la Comisión Permanente del Congreso que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso del homicidio del ómbudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho. 

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos estatal fue asesinado el 20 de noviembre. De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, un grupo armado disparó contra el auto donde viajaban el ómbudsman y su familia. El crimen ocurrió en La Paz, capital del estado. Silvestre de la Toba murió en el sitio del ataque, una céntrica avenida, junto con su hijo Fernando. La esposa e hija del presidente de la Comisión quedaron heridas de gravedad. 

Es la primera vez desde que se creó la figura de ómbudsman, en 1990, que un responsable institucional de proteger los derechos humanos es asesinado.

En su propuesta de punto de acuerdo, la diputada plantea exhortar a la PGR atraer el asesinato de ómbudsman “debido a la incapacidad del gobernador (el panista Carlos Mendoza Davis), ante el incremento de la violencia en la entidad). 

La diputada Hernández Colín soporta su petición en reportes periodísticos, de columnistas, analistas e instituciones de seguridad, los cuales señalan que en los últimos meses Baja California Sur “ha experimentado una enorme oleada de violencia por la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco”.

Hay además dos agravantes, sostiene: La primera, el estado tiene relativamente pocos recursos para hacer frente a una escalada de violencia de esta magnitud. Entre corporaciones estatales y municipales, cuenta con menos de dos mil policías, la mayoría de los cuales están mal pagados, mal equipados, mal entrenados y mal capacitados. La segunda, Baja California Sur es tan lejano y tan pequeño que no genera suficiente atención para detonar una respuesta federal vigorosa. 

En su recuento, la legisladora señala que el gobernador ha admitido que el estado pasa por una oleada de violencia recrudecida por la batalla entre grupos del crimen organizado que se están disputando plazas. El mandatario hizo las declaraciones luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de viaje a destinos del país como Los Cabos y La Paz, en dicho estado. En su alerta, el Departamento de Estado advierte que, según cifras oficiales, Baja California Sur ha presentado un alza en las tasas de homicidio durante el último año. 

Por su parte, reportes de ONG señalan incrementos en los homicidios dolosos, las extorsiones, secuestro y el robo a negocio. 

El gobernador del estado, que asumió el cargo en septiembre del 2015, reconoció que la inseguridad es uno de los mayores problemas de su gobierno, y en su primer informe de labores afirmó que la violencia generalizada en el país golpeó a Baja California Sur, donde “lamentablemente ha arrebatado vidas inocentes”.

Cita Hernández Colín al diario La Jornada, que menciona que la capital de Baja California Sur, La Paz, fue una de las ciudades más seguras y tranquilas del país y ahora ocupa el lugar 25 entre las más violentas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. “En este municipio se cometió la gran mayoría de los 201 asesinatos reportados en Baja California Sur de enero a noviembre de 2016”. 

En 2011 se integraron 38 averiguaciones previas por homicidio doloso en el estado; en 2012 sumaron 35, y en 2013, 56. La escalada de asesinatos vinculados al crimen organizado comenzó el 31 de julio de 2014, cuando fueron hallados los cuerpos de tres personas en la carretera a Los Planes, municipio de La Paz. 

A partir de esa fecha y hasta el 21 de noviembre de ese año se documentaron 43 ejecuciones, y en dos años el acumulado fue de 364, según la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, añade, reportó 84 crímenes dolosos en 2014; 175 en 2015, y 201 entre enero y noviembre de 2016. En los primeros siete meses de 2016, el número de homicidios disminuyó en comparación con el mismo periodo del 2015, pero a partir de agosto repuntó. 

En noviembre pasado, el secretario de Gobernación, dijo que entre los problemas de seguridad de Baja California Sur destacan el trasiego de drogas por mar y tierra, narcomenudeo y otras actividades del crimen organizado. 

Hernández Colín refiere un estudio del Instituto de Economía de La Paz, en Baja California Sur, según el cual la entidad sufrió un deterioro particular en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada. Las extorsiones casi se duplicaron entre 2011 y 2016, y las tasas de secuestros y delitos relacionados con narcóticos aumentaron 83 por ciento y 32 por ciento, respectivamente. 

Baja California Sur, continúa el reporte, se ha consolidado como el cuarto estado más violento en el país, sólo superado por Colima, Zacatecas y Michoacán, principalmente en delitos de alto impacto como el homicidio, secuestro, robo con violencia, entre otros que tienen en un vilo a la sociedad sudcaliforniana. 

Otro tema que preocupa, advierte la legisladora, es el de la desaparición de personas, “ya que es uno de los métodos de una violencia extrema y está asociado con otras conductas delictivas”. No se está buscando correctamente a los desaparecidos, acusa. La autoridad no investiga. Ante el desinterés de ésta, los familiares, señala, asumen la búsqueda de sus seres queridos.

Señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst Wiki, exigen a las autoridades estatales y federales realizar una investigación inmediata y a fondo que ubique a los asesinos del ómbudsman y los ponga ante la autoridad correspondiente para que este crimen no quede impune. Además de garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.

Cita a la presidenta del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de Baja California Sur, Silvia Lupián Durán, quien lamenta que “los habitantes de ese estado se están acostumbrando a este tipo de violencia; no se ve la estrategia gubernamental, así como tampoco se ven tiempos perentorios para combatir este delito”.