Odebrecht: la corrupción en América Latina en el siglo XXI

Odebrecht dejó de ser el nombre de una holding company sudamericana de la construcción para ser el de una trama de corrupción multinacional. Durante los últimos cinco años, el caso ha dejado en América Latina (AL) detenciones de funcionarios, encarcelamientos de expresidentes y un suicidio entre los implicados.

Con sede en Salvador, Bahía, Brasil, Odebrecht S.A. es una sociedad comercial que opera a través de acciones en otras compañías locales de infraestructura. En 2016, se dio a conocer una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) que detalla que entre 2011 y hasta ese año el holding brasileño había realizado sobornos con el fin de obtener negocios.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esto se llevó a cabo mediante la “División de Operaciones Estructuradas», unidad de Odebrecht que albergaba la empresa en Brasil.

El modus operandi

Las operaciones eran gestionadas a través de sistemas informáticos para permitir la comunicación entre miembros de la “División de Operaciones Estructuradas», cómplices y operadores financieros externos, utilizando nombres clave para encubrir sus identidades.

El siguiente paso para Odebrecht en su plan de corrupción era conseguir fondos para los sobornos. Estos fueron generados a partir de gastos generales fijos, cobrados a subsidiarias; sobrecargos y tarifas a proveedores de servicios y subcontratistas sin haberlos incluido en los presupuestos de los proyectos; anticipos no declarados y operaciones de autoseguro.

Tras ser reunidos, los fondos eran canalizados por la “División de Operaciones Estructuradas» a sociedades offshore no reportadas en su balance, pese a que las administraba. Las transacciones se distribuyeron en varios niveles mediante cuentas bancarias de todo el mundo para distanciar el origen del dinero de los beneficiarios finales.

El modus operandi también fue apoyado por bancos utilizados para las operaciones, a los que pagaban comisiones y tasas más altas, mientras que ejecutivos bancarios cómplices recibían un porcentaje de cada transacción ilícita.

El caso partió de la trama brasileña. Entre 2003 y 2016, Odebrecht pagó 349 millones de dólares (mdd) para obtener concesiones con beneficio superior de más de 9 mil mdd a funcionarios de Petrobras y el gobierno de Brasil. Las autoridades estadounidenses tomaron atención al caso por transacciones de cuentas de CNO en Nueva York a Smith & Nash Engineering Company y Golac Projects and Construction Corporation, en las Islas Vírgenes, y Arcadex Corporation, en Belice. El seguimiento de los recursos llevó a observar que el destino final fueron las autoridades brasileñas.

El Departamento de Justicia señaló que entre 2001 y 2016, Odebrecht y sus cómplices acordaron pagar alrededor de 788 mdd de sobornos a funcionarios, partidos políticos, funcionarios de partidos políticos, candidatos y políticos con el fin de obtener negocios en diversos países de AL y otros continentes, entre ellos México.

La trama mexicana

De acuerdo con la información de EU, Odebrecht emitió sobornos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), dado que se reportan pagos a funcionarios del gobierno en México de 2010 a 2014. En el periodo, dos directores se mantuvieron al frente de la petrolera mexicana y han sido señalados por ser quienes permitieron el acceso de Odebrecht a México y a costa de su propio enriquecimiento.

Durante 2009-2012 Juan José Suárez Coppel se encargó de dirigir Pemex, en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Es señalado de otorgar contratos que beneficiaron a la compañía Odebrecht al entregarlos a la compañía Braskem.

En 2010 firmó un contrato con el consorcio e Idesa para abastecer 66 mil barriles diarios de etano a la planta de Etileno XXI, construida en Coatzacoalcos. Tuvo una inyección de capital de hasta 5 mil 200 mdd, considerada la inversión más grande en México. Se cree que el contrato se obtuvo mediante sobornos y presiones.

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Fue señalado por crear redes subsidiarias y empresas privadas para aprobar inversiones, transferir fondos y enajenación de bienes de Pemex. Durante su gestión también estuvo involucrado en la pérdida millonaria por el caso Repsol. Otorgó permisos a Braskem para obtener etileno mexicano a un precio preferencial y se especula que contó como testigos a los presidentes Felipe Calderón y Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras el cambio de gobierno, Emilio Lozoya tomó la dirigencia de Pemex y durante su gestión (2012-2016) se entregaron hasta 10.5 mdd en sobornos por parte de Odebrecht a fin de obtener más contratos con la compañía brasileña y México. Para el presidente en turno, Enrique Peña Nieto, Lozoya Austin fue pieza clave para la reforma energética de México.

Según las investigaciones, el pago de 10 mdd a Emilio Lozoya fue para ganar una licitación de 15 mdd para la remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Hidalgo. Durante su declaración patrimonial omitió cuentas donde registraba sus saldos con cientos de miles de pesos los cuales podrían tratarse de los pagos hechos por Odebrecht.

Lozoya Austin fue detenido en febrero de 2020 por los delitos de operación de recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho. En sus declaraciones señaló a Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto de intervenir en solicitar a Odebrecht hasta 6 mdd para financiar la campaña presidencial priista de 2012. En las declaraciones aseveró que al ganar el entonces candidato a la presidencia, la empresa brasileña se vería beneficiada durante los próximos 6 años.

Odebrecht, presencia total en AL

El antecedente más añejo de corrupción de Odebrecht se remonta a República Dominicana, donde entre 2001 y 2014, pagó más de 92 mdd a funcionarios de gobierno e intermediarios que trabajaban a su nombre dentro del país para asegurar algunos contratos.

En Guatemala realizó pagos entre 2013 y 2015 a funcionarios de gobierno hasta por 18 mdd, con el fin de asegurar nuevamente contratos en obras públicas. Para lograr un proyecto de infraestructura, Odebrecht accedió a pagar a un funcionario un porcentaje de valor del contrato, equivalente a 11.5 mdd, mediante la “División de Operaciones Estructuradas».

Su presencia en Centroamérica continuó en Panamá: de 2010 a 2014 realizó el pago de más de 59 mdd a varios funcionarios e intermediarios para asegurar –entre otras cosas– contratos para obras. Destacó que entre 2009 y 2012 acordó pagar 6 mdd a dos familiares cercanos de un alto funcionario de gobierno, quien tenía conexión con proyectos de infraestructura, efectuándose en fondos no registrados a empresas designadas por el gobierno.

El país vecino no se salvó. Odebrecht pagó entre 2009 y 2014 más de 11 mdd en sobornos para asegurar la seguridad de contratos en obras en Colombia. Puntualmente se identificó que en 2009 y 2010 hubo un soborno de la DOE de 6.5 mdd a un funcionario de gobierno encargado de un proyecto de construcción pública a cambio de ayuda para ganarlo.

De 2005 y 2014, Odebrecht también hizo pagos en Perú por aproximadamente 29 mdd a funcionarios para obtener contratos públicos. Esta habría dado entre 2005 y 2009 “apoyos” de 20 mdd a un “alto funcionario” a través de un intermediario de gobierno tras ganar la licitación que les interesaba. El beneficiario es identificado como el expresidente Alejandro Toledo, hoy preso en EU y a quien se señala de haber ocupado el dinero para pagar hipotecas de inmuebles.

De igual manera, se menciona el pago de 1.4 mdd en 2008 a otro alto funcionario, ahora del gobierno de Alan García, tras ganar un contrato. Durante 2019, dicho ex presidente se quitó la vida ante la presión de las investigaciones de la trama.

La izquierda sudamericana también sucumbió a la tentación de los pagos y corrupción de Odebrecht. En Venezuela durante 2006 y 2015, periodo del gobierno chavista, se dieron 98 mdd a funcionarios e intermediarios ante el gobierno para obtener y retener contratos de obras públicas; en tanto de 2007 a 2014, en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, se menciona en la investigación estadounidense los pagos de más de 35 mdd a intermediarios para que llegaran a funcionarios.

Por Samantha Guerrero, Fernando Eslava y Francisco Mendoza