Nueva Corte renueva flotilla vehicular de ministros

La nueva Suprema Corte de la Nación (SCJN) informó que decidió renovar la flotilla vehicular de las ministras y ministros que ahora la componen. Al respecto, argumentó que se trató de algo obligatorio por las reglas que rigen y cuidan a su personal.

A través de redes sociales, la SCJN informó que tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministros y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades. Justificó tal compra diciendo que se hizo a fin de garantizarles condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal, dado que desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional.

«Esta determinación se basó en opiniones técnicas emitidas por las autoridades federales, concluyendo que las unidades en uso ya no cumplían con los estándares de seguridad adecuados, por lo que su continuidad comprometía su operación», apuntó en su comunicado.

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El máximo tribunal constitucional apuntó que la adquisición de los nuevos vehículos responde únicamente a criterios de prevención, seguridad institucional. Ante la posibilidad de críticas, reiteró que no se debió a consideraciones discrecionales de sus integrantes.

La Suprema Corte compartió que tal renovación de los vehículos de los ministros se hizo apegada a la normatividad interna vigente emitida en 2019, la cual ordena que este tipo de vehículos, por motivos de seguridad y por el servicio que prestan, deben renovarse periódicamente. Resaltó que la legislación también establece que esto se haga cada cuatro años o antes, cuando las condiciones del automóvil no sean seguras para garantizar condiciones adecuadas de operación y seguridad.

Finalmente, la cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF) indicó bajo el propósito de no generar un gasto mayor para la institución, esta adquisición se llevó a cabo junto al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido. En tanto, reafirmó su compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional.