Nafin transfiere los fideicomisos del CJF a la Tesorería de la Federación

Nacional Financiera transfirió a la Tesorería de la Federación los fideicomisos que pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Ante ello, el órgano judicial, que está próximo a extinguirse para dar paso al Tribunal de Disciplina Judicial, anunció que emprendería un proceso de conciliación por la acción de la institución federal.

A través de una tarjeta informativa, el CJF informó que Nafin le comunicó este jueves que decidió transferir a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos de los fideicomisos del consejo. Al respecto, señaló que estos recursos se le habían encomendado para su administración a esa Sociedad Nacional de Crédito.

Asimismo, el consejo presidido aún por Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que nunca fue consultado al respecto, a pesar de su carácter de fideicomitente. En tanto, señaló que este no giró instrucción alguna a la financiera gubernamental para la transferencia de los recursos, atendiendo a las propias cláusulas del contrato.

«El CJF ha emprendido medidas de conciliación y analiza la estrategia legal procedente», apuntó en su posicionamiento de los hechos.

Finalmente, el consejo expresó que, conforme a lo establecido en los transitorios de la Reforma Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ese dinero ya tenía una finalidad. Sobre ello, indicó que los fideicomisos mencionados iban a ser utilizados para pagar a los juzgadores que declinaron su candidatura o no resultaron electas en el actual Proceso Electoral Extraordinario para renovar juzgados, tribunales y la SCJN.

El artículo décimo transitorio establece que las magistradas y magistrados de Circuito y juezas y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electos por la ciudadanía serán acreedores al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado; 20 días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho.

En tanto, estableció también que esto será cubierto con los recursos federales de los fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que se extinguirán, cuyos recursos totales debieron haber sido enterados a la Tesorería de la Federación en los 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto del 15 de septiembre de 2024.

Además, se señala que los recursos federales a los que se refiere deberán ser concentrados por concepto de aprovechamientos en la Tesorería de la Federación. Estos se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la implementación del presente Decreto y a los demás fines que esta determine.