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México tendrá un árbitro electoral legítimo e imparcial en elecciones 2021: TEPJF

Foto: Especial

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, aseguró que México tendrá un árbitro electoral creíble e imparcial en las elecciones 2021.

En la presentación del Informe anual de labores 2019-2020, el presidente del TEPJF agradeció y reconoció de manera particular la labor del magistrado Felipe Fuentes Barrera durante su reciente gestión como presidente, y aseguró que si hoy el Tribunal Electoral está preparado para hacer frente al Proceso Electoral 2020-2021 se debe a su excelente trabajo y el de su equipo.

El presidente del TEPJF dijo que el Juicio en Línea es una realidad para hacer frente a este complejo escenario, gracias a la iniciativa del magistrado Felipe Fuentes Barrera, y al apoyo de las magistradas y los magistrados, así como al trabajo de todas y todos los funcionarios judiciales.

Vargas Valdez detalló que este modelo se tomó en sintonía con las decisiones estratégicas adoptadas por la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal, para continuar impartiendo justicia en el marco de la emergencia sanitaria.

Foto: Especial

De igual manera, afirmó que de cara al proceso electoral “que ya está en marcha, el más grande y probablemente el más desafiante de nuestra historia, México requiere de un árbitro creíble, legítimo e imparcial que resuelva los conflictos y convenza con argumentos apegados al marco legal”.

Destacó que durante el periodo que abarca el informe (1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre pasado) las Salas del Tribunal Electoral resolvieron 13 mil 890 asuntos, de los cuales 11 mil 959 correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales. La cifra equivale al 86% del total de los expedientes resueltos por este Tribunal y es muestra palpable de la confianza que la ciudadanía ha depositado en el TEPJF para la defensa de sus derechos y prerrogativas.

Por último, reiteró su compromiso de garantizar la renovación pacífica de los poderes públicos, la tutela efectiva de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la plena vigencia de los principios que sustentan nuestra democracia, todo siempre con autonomía, imparcialidad e independencia, las cuales serán las premisas centrales de su actuación.

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