Lilly Téllez, Amalia García, Clemente Castañeda, Alejandra León Gastélum… legisladores que pidieron seguridad, pero votaron contra Fuerzas Armadas

Durante 2021 y 2022 legisladores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRD pidieron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enviar elementos de las Fuerzas Armadas a sus estados para combatir la delincuencia, así como para su protección personal y la de sus familias, ello, pese a que durante la discusión de la reforma para aplazar hasta 2028 la presencia de los militares en tareas de seguridad, se posicionaron y votaron en contra de ello.

De enero de 2021 al corte del 25 de octubre de 2022, la dependencia de seguridad al mando de Rosa Icela Rodríguez Velázquez recibió 23 peticiones de apoyo en el tema de seguridad por parte de diputados, senadores y gobernadores de las diferentes fuerzas políticas del país, pero de ellos, destaca que ocho pertenecen a oficios de apoyo de miembros de la oposición.

Mientras unos solicitaban ayuda de seguridad para que hubiera presencia de las Fuerzas Armadas en sus estados, hubo tres legisladoras que pidieron seguridad para ellas y sus familias, como el caso de la senadora María Lilly Téllez García, miembro de la bancada del PAN, que durante la discusión en el pleno de la Cámara Alta del dictamen en materia de Fuerzas Armadas que se dio el pasado 6 de octubre, dijo que no permitiría la “militarización” del país dejando en las calles a los militares, al tiempo que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de encabezar “un narcoestado”.

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Pero apenas poco menos de cinco meses previo, el 17 de mayo de este mismo año, la legisladora de la derecha —que llegó al escaño por Morena y respaldada por el presidente de la República—, solicitó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, “protección personal” para ella y para su hijo menor de edad, ante presuntas amenazas que recibió, petición que el encargado de la política interior del país turnó a Rodríguez Velázquez.

De acuerdo con la respuesta a una petición de transparencia hecha por La Hoguera, la SSPC informó que el 1 de marzo de 2021 recibió una solicitud de protección se seguridad personal de las fuerzas federal por parte de la también senadora Alejandra del Carmen León Gastélum en ese momento miembro del Grupo Plural y ahora convertida a la bancada de Movimiento Ciudadano, ambos grupos parlamentarios que votaron y se posicionaron en contra de la iniciativa de que los militares permanecieran en las calles hasta por cuatro años más de los previsto inicialmente que sería hasta 2024.

La otra legisladora en pedir “protección personal” fue la diputada Evangelina Moreno Guerra, morenista representante del estado de Baja California, quien hizo su solicitud el 19 de abril de 2022, pero que a diferencia de las dos anteriores, esta se posicionó a favor de que las Fuerzas Armadas permanecieran “protegiendo” a los ciudadanos hasta que la Guardia Nacional se fortalezca.

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El pasado 19 de octubre, durante su comparecencia ante el Senado de la República, la secretaria de Seguridad señaló a los legisladores de la oposición de ser “doble moral” en el tema de seguridad, pues fue ahí cuando expuso que en público rechazaban la permanencia de los militares en las calles, pero en privado pedían su intervención. “Y eso no está bien”, dijo.

“Todos los gobiernos de los estados nos piden que establezcamos cuarteles, pero pues eso es lo que nos dicen en oficios, en privado, por llamadas telefónicas; 28 gobernadores le han pedido en este año, en estos meses, al secretario de la Defensa intervención, que se instalen cuarteles, que se instale las Fuerzas Armadas”, reclamó en ese momento.

Pero las legisladoras que han pedido “protección personal” no son las únicas que han solicitado la presencia y acción de las Fuerzas Federales, a ellas también se sumaron los oficios del senador y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien el pasado 26 de noviembre de 2021, pidió que los militares fueran a Guerrero, solicitud que a poco menos de un año contrastó con su posicionamiento que hizo en el pleno de la Cámara Alta cuando señaló que la presencia de las fuerzas armadas “no ayuda a corregir el fracaso de la política de seguridad”, al tiempo que señaló al gobierno de no haber actuado en el fortalecimiento de la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales durante estos primeros cuatro años. Posicionamiento que finalmente convirtió en un voto en contra.

Amalia García Medina, también legisladora de Movimiento Ciudadano y exgobernadora de Zacatecas por el PRD, pidió que las Fuerzas Armadas acudieran a su estado para apoyar en las tareas de seguridad ante el crecimiento del crimen organizado, postura que también marcó diferencia al votar en contra de la reforma para que los militares continuaran apoyando en seguridad en todo el país, pero que finalmente fue avalada por Morena, sus aliados (PT, PES, PVEM), sumado a los votos del PRI, quien fue el promovente de la iniciativa.

A ellos, también se suma la diputada local por el PAN de San Luis Potosí, Bernarda Reyes Hernández quien, a inicios de años, excatamente el 16 de febrero de 2022, envió un oficio a la titular de seguridad federal para que enviaran a ese estado refuerzos de militares para resguardar los municipios de la entidad.

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Por otro lado, María Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes por el PAN, aun cuando todavía era gobernadora electa, el 31 de agosto de 2022 —tomó protesta el 1 de octubre—, pidió a la Rosa Icela Rodríguez el envío de Fuerzas Armadas a su estado que entonces todavía era gobernado por Martín Orozco, también miembro del PAN.

Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa y ahora embajador de México en España —nombrado por López Obrador—, así como Alejandro Tello Cristera exgobernador de Zacatecas por el PRI, cuando aún eran mandatarios estatales también se unieron a la lista de miembros de la oposición que solicitaron la intervención de las Fuerzas de seguridad federales, pese a que en lo público nunca hicieron un pronunciamiento a favor motivo por lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, los llamó “hipócritas”.

La lista de las 23 peticiones de intervención de las Fuerzas Armadas en sus estados la completan los legisladores de Morena: David Orihuela Nava, del Estado de México; Francisco Javier Borrego Adame, de Coahuila; el senador Gerardo Novelo Osuna, de Baja California; el senador Jaime Bonilla Valdez cuando era gobernador de Baja California; Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; las diputadas María del Rosario Merlin García de Guerrero y Nacy Yadira Santiago Marcos de Sinaloa.

Así como el diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez de Guerrero; Sergio Carlos Gutiérrez Luna de Veracruz; María Guadalupe Román Ávila del Estado de México; Arturo Hernández Tapia del Estado de México y Dionicia Vázquez García de Puebla. A Estos diputados también se añadieron los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y el de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, quien es del PVEM, afín a Morena.