Cámara de Diputados
Ley Zaldívar, golpe de Estado prospectado para 2024: Muñoz Ledo
La ampliación del periodo de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es un golpe de Estado prospectado por quienes desean hacerse de la totalidad del poder en 2024, alertó el diputado Porfirio Muñoz Ledo.
En un llamado a evitar aprobar mediante albazo legislativo la minuta proveniente del Senado, Porfirio Muñoz Ledo señaló que la reforma para ampliar la actual presidencia de la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es un golpe de Estado orientado a asentar las bases de un régimen autoritario y la desaparición del sistema de división de poderes.
Contrario a la lectura hecha por la oposición del actual gobierno, descartó que esta reforma esté siendo operada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) o el ministro Arturo Zaldívar, sosteniendo que sus trayectorias son un aval «intachable» para descartarlos como culpables de esta propuesta.
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«Bajo la máscara de aduladores, pretenden engañar a quienes encabezan el Ejecutivo y Judicial», declaró el diputado en una carta dirigida a las diputadas y diputados federales; sin embargo, advirtió que el presidente de la República no podría bajo ninguna circunstancia hacerse cómplice de esta «trampa» de ampliar sin que esto implicara reelección.
Muñoz Ledo declaró que tanto AMLO como Zaldívar Lelo de Larrea saben que esto constituye un atropello a la Carta Magna y que de aprobarla la colegisladora se abrirá la puerta a la sistematización de quebrantamientos y contravenciones al sistema jurídico sin responsabilidad alguna. Además, comentó que esta reforma colocaría al país en un “callejón sin salida” rumbo a una crisis constitucional donde los propios poderes constituidos vulnerarían sus actuaciones en ralación de unos con otros.
Por ello, expresó que de continuar la actitud antidemocrática la única vía para combatir estos excesos será la acción de inconstitucionalidad; sin embargo, señaló que su uso no resulta muy prometedor dado que el Pleno de la Corte no solo será garante de la Constitución sino también beneficiario de la transgresión legal.
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