Invalidan sentencia de Mario Aburto; podría salir en marzo de 2024

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México, invalidó la sentencia de 45 años que purga Mario Aburto Martínez, asesino material confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994, y ordenó una nueva sentencia, con la que podría quedar en libertad a más tardar en marzo de 2024.

El tribunal avaló amparar a Aburto Martínez argumentando que debió haber sido procesado y sentenciado con base en el Código Penal del estado de Baja California, donde ocurrió el asesinato —Lomas Taurina, Tijuana—, y no con el Código Penal Federal como ocurrió y en el que en esa fecha se contemplaba una pena de 20 a 50 años de los cuales se le impusieron 45.

Mientras que en el Código Penal del Baja California se indicaba una sentencia de entre 16 y 30 años de reclusión, por lo que de emitirse la nueva sentencia que ordenó el tribunal al Primer Tribunal Colegiado de Apelación como corrección de la pena del promovente de la revisión, Mario Aburto podría quedar en libertad el 23 de marzo del año próximo, pues aunque le impusieran la pena máxima de 30 años, estos se cumplen en esa fecha.

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El Primer Tribunal en materia penal consideró que los agravios reclamados por el asesino confeso del candidato priista eran fundados toda vez que el homicidio doloso es considerado dentro del fuero común, es decir, deben ser juzgados en instancias locales.

Por otro lado, la resolución judicial precisa que al momento de dictarse la nueva sentencia se deberá tomar en cuenta que “no podrá agravarse la situación jurídica ya estimada del sentenciada”, es decir, por ningún motivo la sentencia deberá ser mayor a la impuesta actualmente y de la que le faltaban cumplir 15 años y medio más.

En 2021, la defensa de Mario Aburto, además de pedir una revisión de la sentencia que purga, también solicitó la protección de la justicia para su cliente alegando presuntos actos de tortura tras haber sido detenido en Lomas Taurina en aquel ya lejano marzo de 1994, además de que aseguraban que había una falta de acceso a la salud.

Estas aseveraciones ocasionaron que la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) iniciara una investigación, misma que concluyó con una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y al trato digno hacia Aburto.