“Injustificada, la conducta dilatoria en resolución sobre asuntos fiscales por 35 mil mdp”, dice Segob y CJEF a Piña

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) calificaron de injustificada la conducta dilatoria mostrada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la resolución sobre dos asuntos fiscales, por 35 mil millones de pesos (mdp), relativos a una empresa de Ricardo Salinas Pliego. A la par, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) externó que le gustaría ver dicho dinero invertido en apoyos sociales durante el siguiente gobierno.

Durante la ‘mañanera’, AMLO proyectó por unos segundos la carta que le envió Segob y la CJEF a la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, para externarle la “gran preocupación” que tienen debido a la tardanza para turnar los Amparos Directos en Revisión con números 5654/2024 y 6321/2024. Al respecto, indicaron que estos fueron recibidos entre el 4 y 12 de julio del año en curso, pero a la fecha el área de trámite a su cargo no ha hecho lo conducente.

“Los citados asuntos corresponden a créditos a favor del Fisco Federal por omisiones de contribuciones de los ejercicios fiscales 2008 y 2013 sobre los que han transcurrido más de 16 y 11 años en litigio, respectivamente, además de haber cursado todas las instancias legales que incluyen la resolución por los Tribunales Colegiados de Circuito a favor del Estado por un monto que asciende a más de 35 mil millones de pesos”, apuntaron.

Las instancias del Poder Ejecutivo sostuvieron que la federación y el pueblo de México tienen derecho a acceder a tal dinero, mismo que se le ha negado por un indebido abuso de aletargados procesos de los órganos encargados de impartir justicia. En tanto, consideraron que existe una conducta dilatoria en el área de trámite, a cargo de la presidencia de la Corte que ostenta Norma Piña, por no emitir un pronunciamiento sobre esos asuntos.

Finalmente, en la parte proyectada se puede leer que le advirtieron a la ministra que tal comportamiento constituye una protección ilegal a conductas de defraudación fiscal de quienes reiteradamente han faltado a sus obligaciones contributivas por décadas. En tanto, recordaron que esos asuntos fueron tratados ya por un ministro, quien tras ocho meses puso a discusión su proyecto, mismo que fue rechazado, por lo que se remitió el caso al tribunal colegiado de origen para su supuesta definición final.

Por su parte, AMLO comentó que de cobrarse el dinero ya no le tocará él definir en qué será invertido, pero confesó que le gustaría que sirviera para becar a los niños más pobres o subirle el apoyo a personas con discapacidad. Otra opción, dijo, sería meterlo como un subsidio a la luz para que los consumidores paguen menos, puesto que el objetivo final es que se distribuya.