INE impugnará “Plan B” de reforma electoral por considerarla inconstitucional

El Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que actuará ante el “Plan B” de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Morena, por lo que buscará impugnarla. Esto al considerar que hay elementos inconstitucionales que vulneran su autonomía, su actuar en la materia o lesionan los derechos laborales de quienes lo integran.

Durante la sesión extraordinaria de este miércoles, el Consejo General del INE anunció la existencia de un informe sobre la incidencia de los decretos del “Plan B” de la reforma electoral de AMLO. Al respecto, el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, comentó que no buscan regatear a las instancias legislativas sus atribuciones; sin embargo, alegó que la democracia se basa en la disposición de escuchar intereses de los involucrados, o quienes resentirán los efectos de las reformas, para valorar su viabilidad.

El funcionario electoral detalló que el documento está dividido en cuatro grandes apartados sobre afectaciones de las modificaciones en materia 1) de estructura y capacidad operativa del instituto; 2) de reducción de plazos para planificación, organización y fiscalización de las elecciones; 3) repercusiones a las condiciones de competencia; y 4) sobre las disposiciones transitorias pendientes de legislarse en el Senado de la República.

De manera general, Edmundo Jacobo Molina expuso que la reforma electoral de AMLO, aprobada en diciembre de 2022, pone en riesgo al sistema electoral que dio paz social a México al comprometerse la autonomía del INE. Este aseguró que el texto aprobado en diciembre mermará indebidamente los órganos ejecutivos en entidades al establecer que no se cuente con estructura en todos los ámbitos territoriales.

Asimismo, consideró que el paquete de modificaciones deteriorará el proceso de capacitación y organización electoral; dará marcha atrás a la representación política de los más desfavorecidos y discriminados; pondrá en situación de peligro los datos personales de millones de mexicanos; y quebrantará el sistema federal como instrumento de distribución territorial del poder público.

De manera puntual, la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña indicó que dentro de la reforma electoral hay retrocesos en materia de género, paridad y acciones afirmativas. Esta comentó que en la reestructuración orgánica del INE no se contempla la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, cuyas funciones serán absorbidas por una Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, lo que implica la pérdida de la transversalidad de la perspectiva de género en cada decisión, acuerdo, reglamento, procedimiento o acción del instituto.

Esta recordó que gracias a esta Unidad, el INE estableció cuotas mínimas para que los partidos destinaran, en el proceso electoral 2020-2021, el 10% de sus candidaturas a grupos en situación de vulnerabilidad. Con ello, resaltó, se aseguraron al menos 50 fórmulas con personas migrantes, indígenas, con discapacidad, afroamericanas y de la diversidad sexual a la Cámara de Diputados; sin embargo, alertó que con la reforma se disminuye esa obligación a solo 25 fórmulas, por lo que no alcanzará el Congreso de la Unión el 13% de representación de legisladores pertenecientes a esos grupos para 2024.

«Debemos tener un marco jurídico claro sobre el cual estaremos organizando las elecciones más grandes de la historia, de aprobarse el proyecto de reforma en sus términos desde este instituto ejerceremos y utilizaremos todas las vías jurídicas necesarias para impugnar todo aquello que obstaculice al ejercicio de la función electoral, vulnere nuestra autonomía y lesione los derechos laborales de las y los trabajadores de este instituto», advirtió la consejera electoral a los legisladores.

Más adelante, el consejero Jaime Rivera Velázquez, criticó la “amputación” de los órganos distritales, a los que calificó como “brazos ejecutores del INE”, y la mutilación de juntas locales, direcciones ejecutivas y direcciones técnicas de áreas centrales. Al respecto, sostuvo que ello es equivalente a afectar la democracia mexicana porque impedirá que el instituto cumpla con sus atribuciones y la obligación de organizar elecciones limpias, eficientes y transparentes.

Por otra parte, criticó la redefinición de “propaganda electoral” para dejar en la norma electoral un concepto burdo conveniente al gobierno y que ignora el artículo 134 constitucional, el cual le mandata el uso imparcial de recursos públicos y mantener la neutralidad ante la competencia electoral. En tanto, consideró falaz la invocación de la libertad para ofrecer “manga ancha” a funcionarios para intervenir en las elecciones. “Es un retroceso de varias décadas”, sentenció.

Finalmente, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que la reforma electoral de AMLO carece de diagnósticos e información que justifique los cambios que pretende introducir. Este comentó que más allá de la justificación de ahorros, ante supuestos altos costos, esta podría costar a los mexicanos no tener una casilla dónde votar cerca de su domicilio, la certeza de si sus vecinos serán bien capacitados para fungir como funcionarios de casilla o de los resultados mismos.

El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimó que bajo el texto aprobado haya un cúmulo importante de litigios postelectorales en 2024. Por eso, pidió a todos prepararse para vivir semanas de conflicto ante una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre el resultado de dichos comicios con todo lo que ello implica en gobernabilidad democrática y paz pública.

Finalmente, dijo no confiar en que los legisladores detengan el «auténtico desmantelamiento de la democracia». Por eso, depositó su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que «salve a la democracia y la estabilidad política del país”; en tanto, instruyó al secretario ejecutivo del INE a interponer todo recurso jurídico a su alcance para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia por su desacuerdo con la Constitución.