El Instituto Nacional Electoral (INE) acatará la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de continuar con el proceso de Revocación de Mandato del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el presupuesto existente, afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello.

Sin embargo, Córdova precisó que la determinación de la SCJN es provisional, por ello se mantendrá atento a la resolución de fondo que realicen los ministros respecto a la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre “ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, ya que, por lo pronto, la determinación comunicada este jueves por la SCJN tiene carácter de provisional y no resuelve de fondo el asunto”.

Añade que la determinación “de fondo” será fundamental para atender el mandato expreso de la Ley de Revocación de Mandato que, en su artículo 40, señala que la jornada de Revocación de Mandato debe sujetarse al procedimiento dispuesto para la celebración de elecciones federales.

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Además, agrega que el artículo 41 determina la obligación del INE para habilitar la misma cantidad de casillas que fueron instaladas para el proceso electoral anterior, es decir más de 161 mil casillas, cuya integración es por ciudadanos que presidirán las mesas receptoras en los términos que determina la ley, señala el INE en el comunicado.

El órgano electoral presidido por Lorenzo Córdova, reitera que sólo cuenta con mil 503 millones de pesos para organizar la Revocación de Mandato, por lo cual se deberán analizar las implicaciones que la resolución de la SCJN tendrá en el desarrollo de las actividades.

Tras recibir la notificación, señala el INE, la Secretaría Ejecutiva coordina a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas “para analizar escenarios y modificaciones a todos los procedimientos y actividades que implica el ejercicio democrático para ajustarse a ese limitado presupuesto”.

Asimismo, indica que se continúa con el proceso de verificación y validación de las firmas que son necesarias para cumplir con el requisito constitucional, 3 por ciento de la lista nominal, para que se lleve a cabo el ejercicio democrático, revisión que afirma “nunca fue suspendida”.