Hay racismo y fraude en Sonora Grill, afirma Sheinbaum; habrá denuncia penal

Luego de que en el último trimestre del año pasado exempleados de la cadena Sonora Grill y Prime denunciaron prácticas racistas en la sucursal de Masaryk, en Planco, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (Copred), Geraldina González, aseguraron que documentaron que en los restaurantes sí hay racismo además de que incurrieron en prácticas de fraude o falsificación al presentar documentos apócrifos.

Geraldina González explicó que tras realizar una investigación de acciones, documentación, testimonios de exempleados, de comensales y de un equipo de la Copred que asistió a algunos restaurantes, el consejo confirmó que Sonora Grill sí incurre en políticas de segregación y discriminación en contra de sus clientes al sentarlos en lugares específicos de acuerdo con su aspecto físico.

«El cúmulo de evidencia reunida permite ir más allá de la presunción legal relativa de que los hechos denunciados son ciertos», subrayó la titular de la dependencia al tiempo que precisó que la determinación se dio con base en el análisis de denuncias en redes sociales, 11 declaraciones de comensales, empleados y exempleados, una visita, evidencia estadística y socialógica.

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Ante ello, la jefa de gobierno adelantó que su administración interpondrá una denuncia penal en contra de la cadena de restaurantes, por la comisión de actos discriminatorios, lo cual está penado constitucionalmente, además que incurrieron en falsificación de documentos al presentar presuntas constancias de una capacitación que habían tomado en la Copred, pero que en realidad no completaron por lo que de manera apócrifas las obtuvieron. Y en ellas se ve la firma de la titular, documentos que nunca firmó realmente.

Sobre ello, Geraldina González explicó Sonora Grill presentó documentos en los que aseguró que al menos 52 de sus empleados habían tomado capacitación en línea contra prácticas discriminatorias que ofrece la plataforma de Copred, pero de ellos 27 no lo aprobaron. De manera específica, 22 no lo aprobaron y cinco ni siquiera lo concluyeron pues nunca realizaron la evaluación “no existe registro de ello”, por lo que sus documentos son apócrifos.

«En algún momento lo terminaron sabiendo que no habían hecho a las evaluaciones. Esto implica que las personas fueron conscientes que no realizaron la prueba, ni tuvieron una calificación mínima de ocho”, insistió. Pero presentaron las cinco constancias con los logos y firma del organismo descentralizado.

Por otro lado, Sheinbaum Pardo subrayó que la empresa restaurantera nunca tuvo la intención de colaborar con las autoridades, ni de modificar sus prácticas racistas, sino por el contrario, buscó a la titular y empleados de Conapred para “tratar de arreglar” el asunto, además de que buscó conocer los nombres de los denunciantes —que la Copred protegió— para llegar a un acuerdo. Sin embargo, precisó que eso se tuvo que haber hecho en las sesiones de conciliación, no por fuera.

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«No solo no reconocen lo que Copred investigó y dictamina que hay discriminación o racismo; no solamente no lo reconoce, sino que simula hacer exámenes y peor aún, falsifica exámenes, eso es penal», afirmó la mandataria.

Y agregó que la Ciudad de México es una ciudad de derechos que siempre ha luchado contra la discriminación por lo que no se puede ni se va a tolerar casos discriminatorios. “No se puede tolerar que establecimientos como estos se burlen de estas prácticas y consideren que son normales”.

Por su parte, la titular de la Copred detalló que la alcaldía, en este caso la Miguel Hidalgo, que es donde está ubicado el restaurante por el que se inició la investigación, deberá iniciar con el trámite de procedimientos de inspección para sancionar al Sonora Grill de acuerdo con la Ley de Establecimientos Mercantiles.

Sobre ello, la jefa de Gobierno explicó que enviarán una iniciativa para cambiar la ley para que las alcaldías no sean las únicas que puedan sancionar a los establecimientos, sino que también el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) pueda hacerlo y no tener que depender de las demaracaciones.