Gobierno expropia más de 700 mil metros cuadrados por donde pasará Tren Maya

A Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano (Sedatu), dirigida por Román Meyer, emitió una declaratoria de causa de utilidad pública de 774 mil 456.11 metros cuadrados, correspondientes a 94 inmuebles de propiedad privada ubicados en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lo cuales serán usados para la construcción de obras de infraestructura pública por donde pasará el Tren Maya.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Sedatu expuso que integró un expediente en el cual constan solicitudes y dictámenes técnicos de que son necesarios los terrenos mencionados para llevar a cabo la realización de las obras que constan en los tramos 1, 2, 3, 6 y 7 del Tren Maya.

Los planos de los terrenos declarados como de utilidad pública, explica la Sedatu, quedarán a disposición, en la Unidad de Asuntos Jurídicos, de todas aquellas personas físicas y morales que acrediten y justifiquen un derecho o interés jurídico sobre ellos.

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Detalló, también, que los terrenos expropiados se encuentran en  Palenque, Chiapas; en Tenosique y Balancán, Tabasco; en Escárcega, Tenabo, Hecelchakán y Dzitbalché, Campeche; en Tixkokob, Maxcanú, Umán, Mérida, Chocholá, Tixpéhual, Kanasín, Cacalchén e Izamal en Yucatán y en Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Tulum, Quintana Roo.

Recordó que la expropiación obedece a la causa de utilidad pública prevista en el artículo primero de la Ley de Expropiación debido a que se trata de la construcción de obre pública. “cuya finalidad es atender y satisfacer las necesidades de la población en general, tanto para los turistas como para los habitantes de las localidades ubicadas dentro de la Península de Yucatán, relativas a comunicar de manera eficiente y agilizar el transporte de todas las personas, y en consecuencia se reactivará la economía del país y el desarrollo en diversos sectores como el comercial y turístico”.

Y agrega que también en la ley se contempla la «construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables».