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Nación

Gobierno de AMLO advirtió a Norma Piña riesgo de “liberación” de militares implicados en Caso Ayotzinapa

AMLO Norma Piña Ayotzinapa
Foto: Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que su gobierno advirtió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, que existía el riesgo de que ocho militares implicados en el Caso Ayotzinapa salieran de prisión preventiva. Tales dichos quedaron corroborados con la publicación de un documento confidencial por parte de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján.

En conferencia de prensa, AMLO declaró que era lamentable que el Poder Judicial esté protegiendo a quienes participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero la noche del 26 de septiembre de 2014. Este indicó que la excusa más usual al momento ha sido que no se están integrando correctamente los expedientes de las averiguaciones, tratando la investigación como si no fuera un asunto de Estado y reduciendo todo a un procedimiento “legalice”.

López Obrador aseguró que tiene pruebas de que se han dejado libres a personas que participaron en el crimen en contra de los estudiantes hace casi 10 años y que las organizaciones no gubernamentales callaron ante eso. Asimismo, denunció públicamente que el Poder Judicial tiene un interés político, ya que está buscando desprestigiarlo tanto a él como al Ejército Mexicano.

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“Se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia [de la Nación, Norma Piña], advirtiéndole sobre este asunto […] Y como si le hubiésemos dicho ‘Libérenlos’. Fue hace como 15 días porque ya lo veíamos venir, igual que la liberación del procurador [de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam]. ¿Y qué buscan? Una desprestigio al Ejército porque no quieren que haya una institución independiente, soberana, quieren tener, los que están detrás moviendo los hilos, una institución sometida. Y lo segundo, hacerme quedar mal”, pronunció el mandatario nacional.

AMLO comentó que él está acostumbrando a enfrentar a falsarios, conservadores, inmorales, farsantes y toda la “caterva de hipócritas”, por lo que confió en que poco a poco se aclare el Caso Ayotzinapa en los últimos ocho meses de su gobierno. Adicionalmente, acusó nuevamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras organizaciones de pseudodefensores de derechos humanos intervinieron para liberar a aproximadamente 60 inculpados argumentando que dieron declaraciones bajo tortura.

El presidente de la República recriminó que estos celebraran tal sentencia pese a estar defendiendo también a los padres de los 43 desaparecidos. Paralelamente, criticó otra vez que no hubo tiempo para que la Fiscalía General de la República aplicara el “Protocolo de Estambul” a fin de verificar que las expresiones de los procesados habían sido en esas condiciones inhumanas; en tanto, subrayó que al menos uno de los liberados declaró, ya como testigo protegido, que sí participó en el plagio de los jóvenes pese al fallo a su favor por parte del Poder Judicial.

Finalmente, López Obrador compartió que él no está de acuerdo con lo dicho con su exsubsecretario de Derechos Humanos y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, respecto a que el cambio de medida cautelar para ocho militares es producto del mismo sector castrense. Esto debido a que el exjefe de Gobierno sustituto del entonces Distrito Federal opinó que el fin de la prisión preventiva era resultado de la acción de abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la investigación presidencial.

Hacen pública la carta enviada a Norma Piña en diciembre

Un par de horas más tarde, Luisa María Alcalde compartió el documento «confidencial» citado por el presidente, en el cual ella se dirige a Norma Piña Hernández el 12 de diciembre de 2023 para advertirle que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Ciudad de México estimó fundado el agravio aducido por los ocho militares inculpados del Caso Ayotzinapa. Esta explicó en la misiva que ello significaría la realización de una nueva audiencia para emitir una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa.

«Lo anterior resulta relevante porque al modificar la prisión preventiva oficiosa existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país. Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan», advirtió.

Por último, Alcalde Luján dijo a Piña Hernández que confiaba en que el Poder Judicial de la Federación velaría por el Estado de Derecho y garantizaría los derechos humanos de las víctimas. Asimismo, externó que esperaba que se sancionara a los responsables a fin de no generar en la sociedad un mensaje de impunidad y de justicia.

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