Gobernadores de la 4T y la oposición piden a la SCJN mantener la prisión preventiva oficiosa

Gobernadores de la «Cuarta Transformación» y de la oposición pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener la figura de la prisión preventiva oficiosa. Esto al considerar que ello tendrá efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana, además de que sería un atentado a la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mediante un Amicus Curiae dirigido a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), constituida por 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno de Ciudad de México, dijeron que es necesario mantener la supremacía constitucional respecto a cualquier norma de carácter internacional. Al respecto, argumentaron que esto tiene la finalidad de impedir tanto la vulneración de la Carta Magna como evitar un grave impacto en la seguridad de los mexicanos, víctimas y testigos de delitos, así como la culminación de procesos penales seguidos contra quienes cometieron delitos de alto impacto.

«Es importante manifestar que la restricción que se pretende declarar inconstitucional se refiere a delitos de alto impacto y de clara repercusión social que en su momento fueron considerados como graves y en los que el ministerio público solo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia a juicio del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso», esgrimieron.

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La totalidad de mandatarios de las entidades federativas expusieron que esta medida responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción de proceso penal y lograr el esclarecimiento del caso. Por eso, llamaron a la SCJN a considerar lo expuesto en la definición de futuro de la prisión preventiva oficiosa, pues ello impactará directamente en la seguridad, la gobernabilidad del país y las entidades de las que son responsables.

Los gobernadores de la 4T, los del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) aceptaron unánimemente que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son en efecto vinculantes. No obstante, advirtieron que estas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución Política, previo pronunciamiento de la propia Corte, por lo que es importante hacer converger el respeto a los derechos humanos con la soberanía y el ordenamiento jurídico interno.

Finalmente, la Conago señaló que de otorgarse preferencia a la norma de carácter internacional sobre el derecho interno, ello significaría que un tribunal contencioso del ámbito internacional puede invalidar en sentido práctico una norma de rango constitucional. A la par, indicó que eso significaría vulnerar la Constitución Política emanada de la voluntad de un Congreso Constituyente, no de un acuerdo de voluntades entre Estados miembros de la comunidad internacional.