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Nación

Funcionaria contratada por el CJF dio 71.6 mdd a empresas de García Luna vía contratos: Pablo Gómez

Foto: Especial

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que Sonia Vargas Terrero, contratada recientemente por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como Directora de Coordinación de Administración, otorgó 71.6 millones de dólares (mdd), vía contratos, a empresas vinculadas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa.

Desde Palacio Nacional, Pablo Gómez informó las erogaciones hechas por cada servidor público que firmó contratos involucrados en la “trama corrupta” de Genaro García Luna. Al respecto, indicó que durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa, Sonia Vargas Terrero benefició a empresas ligadas al exsecretario con la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares cuando era directora de Recursos Materiales, Servicios Generales e Infraestructura de la Policía Federal Preventiva  (PFP).

El funcionario consideró que la contratación de esta servidora pública por el Poder Judicial de la Federación es inexplicable por ser la que que entregara un mayor monto de recursos a dicho holding durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Asimismo, destacó que todos los contratos que esta signó fueron hechos en dólares y que ninguno tuvo una investigación de mercado pese a atender asuntos de Seguridad Nacional.

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Gómez Álvarez detalló que durante el mismo sexenio Rodrigo Esparza Cristerna, comisionado de la PFP, firmó contratos por 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas Rosas, comisionado general de la PFP, por 25 millones 875 mil dólares; y Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico, 37 millones 875 mil.

Asimismo, comunicó que firmaron acuerdos comerciales Rafael Avilez, jefe de División de Fuerzas Federales, y Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional, por 2.5 mdd ; José Roberto Cardoso, director General de Recursos Materiales, por 12 mdd; y Eduardo Enrique Gómez Garcia, director del del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por 56 millones 121 mil 595 dólares.

Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, las cantidades atribuibles a cada persona por contratos firmados fueron los siguientes: Eduardo Ímaz Gispert, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), 253 millones 051 mil 358 dólares con 51 centavos y 67 millones 200 mil pesos; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de prevención y readaptación social, por 88 mdd; y José Alberto Rodríguez Calderón, también como comisionado de Prevención y Readaptación Social, por 26 millones 850 mil dólares y 221 mil 400 pesos.

A la par, recordó que en este sexenio, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México (PGJCDMX) también otorgó contratos a las empresas relacionadas con Genaro García Luna. Al respecto, indicó que Octavio Medina Estrada, oficial Mayor, Raúl Mata Soria, director general de Programación y Organización Presupuestal, María Dolores Rojas Soto, directora general de Recursos materiales y servicios generales, Enrique Salinas Romero,director general de política y estadística criminal, aparecen como responsables de los acuerdos por 26 millones 666 mil 666 pesos con 60 centavos.

Pablo Gómez detalló que todos los contratos de los que se desprenden esos montos están dirigidos a corporaciones de una sola holding dirigida en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Livna. Asimismo, indicó que estos tienen como concepto, entre otros, la adquisición de tecnología para localización de redes de celulares y sistemas de rastreo.

Finalmente, el exdiputado federal consideró necesario advertir que todas las personas mencionadas como firmantes de los contratos forman parte de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de la UIF. En tanto, señaló que no solamente estarían involucrados en conductas que puede definirse como ilícito, sino en una trata de corrupción para la extracción de aproximadamente 700 mdd de dinero público.

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