Frente en Defensa de los Pueblos y Barrios del Anáhuac acusa simulación en proceso de consulta del PGD de CDMX

Activistas del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Cuenca del Anáhuac acusaron que el proceso de consulta del Programa General de Desarrollo fue una simulación y advirtieron que actuarán legalmente para echarlo atrás. En tanto, señalaron que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) envió ya a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) un oficio digital pidiéndoles tomar medidas para no violentar los derechos de estas comunidades. Cabe destacar que estas instituciones aseguraron que el proceso se sostiene por sí mismo ante los recursos de sus críticos.

A las afueras del IPDP, Alejandro Velázquez dijo que es falso que el gobierno de CDMX tenga más de 100 actas de asambleas de pueblos y barrios originarios consultados sobre el Plan General de Desarrollo 2025-2045. En entrevista para La Hoguera, afirmó que, de existir, dichos documentos podrían ser resultado de reuniones con poco tiempo para su organización, desinformadas y a puerta cerrada, con no más de 10 o 12 vecinos.

«Este es el mayor problema que estamos denunciando, que no se hizo realmente [la consulta]. Se tomaron decisiones a espaldas de la mayor parte de los pueblos originarios. Es decir, no se hizo la consulta básicamente», comentó.

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Cuestionado sobre cómo es que se han dado cuenta de las irregularidades que acusan, el activista mencionó que la organización tiene comunicación con pueblos y barrios originarios de toda la CDMX. Añadió que cada vez que se realizaba el ejercicio consultivo había alguien que les reportaba de ello; sin embargo, aseguró que no les habrían llegado más de 10 notificaciones sobre la realización del proceso en esas comunidades.

El manifestante consideró inverosímil lo dicho por Patricia Rodríguez Kuri, directora del IPDP, respecto a la existencia de 106 actas de diálogos y acuerdos con Pueblos y Barrios Originarios. Explicó que además de existir tales documentos, deberían haber copias de las mismas o documentación de que se convocó a las poblaciones a participar en juntas realizadas en los lugares de mayor afluencia.

“[Debe haber testigos de] que se pegaron carteles invitando a las asambleas, fotografías de las asambleas en las plazas públicas. O sea, tiene que haber documentación de todo eso que seguramente no va a existir”, expresó.

Adicionalmente, planteó la posibilidad de que hayan existido algunas asambleas sin representatividad vecinal. Como ejemplo, aseguró que el protocolo de consulta en el pueblo de San Jerónimo Aculco Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, habría sido firmado por un habitante de la Gustavo A. Madero.

Abordado sobre el recurso interpuesto por el frente ante la CDHCM en contra de la consulta del Plan General de Desarrollo, contestó que dicha instancia emitió un correo a la Secretaría de Ordenamiento y el IPDP pidiéndole tomar medidas para garantizar el derecho a la consulta y derechos lingüísticos que podrían ser vulnerados con motivo del ejercicio. Aunque dijo que se comprometió a enviar un oficio, consideró que el actuar de esta es «muy tibio» y no ha habido un posicionamiento público sobre el tema.

Finalmente, anunció que pueblos y barrios originarios de la ciudad promoverán amparos contra el proceso consultivo en un plazo de 15 días. Asimismo, compartió que habrá movilizaciones en eventos públicos gubernamentales y externó que hay posibilidad de que se rehaga la consulta ante los indicios de irregularidades en su implementación.

Por otra parte, el también activista Luis Miguel Robles Gil acusó que el gobierno de CDMX pretende encubrir con el Plan General de Desarrollo un proyecto de desarrollo urbano que generará gentrificación y expulsión de habitantes. Advirtió que la intención es permitir la urbanización de la zona conurbada de los pueblos rurales y que ello, al afectar el suelo de conservación y el “bosque de agua”, afectará la infiltración del agua.

“Estamos viendo que no se trata de cualquier cosa, se pretende [establecer el plan] como ley por 20 años. Dentro de 20 años podría ser irreversible dar marcha atrás y tratar de reparar los daños para recuperar nuestro suelo de conservación [tras su uso] como [suelo] urbano”, alertó.