FGR: pruebas indican que sí hubo un segundo tirador en caso Colosio; García Luna vinculado

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que como lo apuntaron el día del magnicidio, en el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurina, Tijuana, Baja California, sí hubo dos tiradores; asegura que las pruebas indican que, además de Mario Aburto Martínez, Jorge Antonio Sánchez Ortega, entonces agente del Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) asignado al priista, pudo también haber disparado en su contra.

La FGR afirma que este agente “fue rescatado en Tijuana” entonces por Genaro García Luna, quien era subdirector Operativo del Cisen. Pues el día del magnicidio Sánchez Ortega fue detenido por ser uno de los principales sospechosos al ser el agente encargado de la seguridad del candidato, pues tras los disparos tenía la camisa blanca manchada de sangre de Colosio, además de que al realizarle la prueba de radizonato de sodio dio positivo. Sin embargo, fue puesto en libertad porque presuntamente nunca se encontró el arma con la que pudo haber disparado.

“El gran acervo de pruebas presentada por la FGR implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro “G” (García Luna), quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana”, indica ahora la Fiscalía al mando de Alejandro Gertz Manero.

Dentro de la evidencia presentada por la FGR contra Jorge Antonio, afirma que se demuestra su presencia en el lugar del homicidio en el mismo momento del crimen, “cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos”.

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Pese a ello, la instancia de justicia federal afirma que el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, “actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas” negándose a liberar una orden de aprehensión en su contra, por lo que ahora adelanta que irá por un recurso de apelación porque “confía” en que el Poder Judicial de la Federación “PJF actuará con estricto apego a derecho”.

Además de confirmarse la presencia del señalado como segundo tirador, también afirma que se tiene evidencia de que el análisis de sangre en la ropa que llevaba puesta ese día coincidió con la del candidato presidencial. A lo que se le agrega la prueba de rodizonato “señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer”.

Asimismo, indica que posee un “gran número” de testimoniales que señalan que el acusado huyó del lugar del asesinato, además de que indican que jamás ayudó a Colosio tras los impactos de bala, ni tampoco a ser trasladado.

“El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo”, criticó.

Pese a todas evidencias, cuestiona la Fiscalía, el juez “llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal” lo que considera “absolutamente inadmisible” en un proceso de la importancia que significa el magnicidio de Luis Donaldo Colosio que conmovió a todo el país en pleno proceso electoral de 1994.

“(El juez) demuestra así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”, sostuvo.