FGR acusa a juez que exoneró a Lozoya por Agronitrogenados de violar la ley; apelará decisión

La Fiscalía General de la República (FGR) adelantó que presentará un recurso de apelación, una queja y las “acciones legales” que procedan por la resolución a favor de Emilio Lozoya Austin que dictó el juez Gerardo Genaro Alarcón López que exoneró del caso Agronitrogenados al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, que junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) le siguen una investigación al exfuncionario del gobierno del priista Enrique Peña Nieto por la imputación de operaciones con recursos de procedencia ilícita reclamó al juez de control con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México haber violado la ley para favorecer a Lozoya Austin utilizando una “tesis aislada de un caso en Querétaro”. Ante ello, la instancia de justicia federal definió la decisión de Alarcón López como “injusta y notoriamente parcial”.

Asegura que, al decretar la suspensión del procedimiento contra Emilio Lozoya, el juez de control “violó flagrantemente” el Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos del 186 al 190, además de que también se violan los preceptos terminantes de la Ley de Amparo y del Código Nacional en agravio de las víctimas y dando entonces ventaja al procesado.

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Acusa también al juez de haber dado por reparado el daño causado por Alonso Ancira, el cual hasta la fecha no ha cumplido íntegramente (lleva pagados 100 millones de dólares de los 216 acordados), ni ha sido aceptado explícitamente por las víctimas, por haberle vendido a sobre preciso “abusivo e ilegal” la planta chatarra de Agronitrogenados a Pemex, entonces dirigida por Emilio Lozoya.

Asimismo, precisa que el juez olvidó señalar que a exdirector de la empresa petrolera mexicana se le acusa de haber recibido un soborno de 4 millones de dólares del empresario Alonso Ancira para que avalara la compra de la planta chatarra, y cuyo dinero lo usó para comprar una residencia de “gran lujo” en la Ciudad de México por lo que incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y cuya reparación del daño no ha realizado.

“El Juez, en su determinación, se sustentó indebidamente en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México”, sostiene la Fiscalía General de la República.

En cambio, subraya, el juez Gerardo Genaro Alarcón López sí actuó de manera ilegal al omitir su obligación indeclinable y motivar en la ley y en la jurisprudencia vigentes su acuerdo, ya que los artículos correspondientes del Código Nacional no establecen, en modo alguno, que un acuerdo para uno de los imputados de un delito les beneficie al resto de los involucrados.

Asimismo, acusa que el juez olvida que Emilio Lozoya no ha celebrado ningún acuerdo reparatorio con las víctimas, como se establece en el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que ocasiona que los agraviados se queden indefensos en los términos señalados en el artículo 20 de la Constitución y 109 del mismo Código.