Encinas apunta a Peña Nieto como participante de la construcción de ‘la verdad histórica’

A nueve años de la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, en Tixtla, Guerrero, y como parte del Segundo Informe sobre el caso, el titular de la Comisión para la Verdad y Justicia (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, apuntó al expresidente Enrique Peña Nieto como quien presidió una de las reuniones denominadas “junta de autoridades” en la que se fraguó la llamada “verdad histórica” que en estos momento mantiene en prisión al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

Encinas Rodríguez explicó que el propio entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, a quien se refirió como “el señor innombrable” debido al amparo que acaba de obtener para que las autoridades no se refieran a él como relacionado en el caso Ayotzinapa, confesó en un cuestionario que respondió desde Israel y que envió a través de su abogado, que la “verdad histórica” había sido “una construcción desde el gobierno federal a partir de lo que él denominó ‘la junta de autoridades’”.

“Esta ‘junta de autoridades’, estas reuniones, se llevaban a cabo en la residencia oficial de Los Pinos y en la zona militar de Iguala, Guerrero, así como en las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR)”, subrayó el también subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación al tiempo que mostraba una lámina en la que aparecía el nombre de “Enrique ‘N’, Miguel Ángel ‘N’, Salvador ‘N’, Vidal ‘N’, Jesús ‘N’, Aurelio ‘N’, Eugenio ‘N’ y Jorge ‘N’”, así como un nombre velado. Estos primeros cinco nombres correspondientes al expresidente Enrique Peña Nieto; al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al extitular de la Defensa, Salvador Cienfuegos; al exsecretario de Marina, Vidal Soberón, y al exprocurador Jesús Murillo Karam.

“(Ellos) son quienes condujeron y donde se discutió la versión final de la ‘verdad histórica’. Y, por supuesto, con el soporte de todas las personas que participaron en las reuniones en el 27 Batallón de Infantería y de las cuales tenemos las minutas de esas reuniones del 7 y 8 de octubre de 2014, donde estaban encabezadas por el entonces procurador general de la República (Murillo Karam) y participaban autoridades estatales (de Guerrero), el propio gobernador (Ángel Heladio Aguirre Rivero), el exprocurador (Iñaki Blanco), autoridades militares, autoridades federales como la Policía Federal Preventiva y el Cisen”, detalló.

Participantes en la «junta de autoridades» en Los Pinos para construir la «versión final» de la «verdad histórica». Foto: captura de video.

Ante el cuestionamiento si se le puede imputar algún delito al expresidente y a los exsecretarios de Estado por participar en las reuniones donde construyeron la ‘verdad histórica’, el subsecretario de Derechos humanos dijo que eso le corresponde a la Fiscalía, pero apuntó que es el exprocurador Murillo Karam quien ha “asumido la responsabilidad personal, política y jurídica de la ‘verdad histórica’. Esto dicho expresamente por él mismo en sus declaraciones”. Sin embargo, Encinas dijo que se tiene que hacer la investigación para saber qué papel jugó “la junta de autoridades” tanto en Los Pinos como en la Procuraduría y en el 27 Batallón de Iguala.

Asimismo, dijo que el futuro procesamiento de los involucrados, si así fuera el caso, será resultado de la investigación y del desahogo de todo el proceso que lleva el exprocurador, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México imputado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia.

Por otra parte, el funcionario del gobierno federal sostuvo que la investigación que él y sus compañeros de la CoVAJ siguen teniendo diferencias sustanciales con la llamada ‘verdad histórica’ construida en el gobierno del priista Peña Nieto para cerrar el caso de los estudiantes desaparecidos.

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Una de ellas, rechaza que los normalistas hayan ido a Iguala a sabotear el informe de actividades de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde perredista José Luis Abarca, como titular del DIF municipal, pues afirma que está acreditado que los estudiantes habían llegado hasta Iguala para tomar camiones y en ellos poder asistir a la marcha por el 2 de Octubre en la Ciudad de México y cumplir con su compromiso de asistencia con la federación de estudiantes socialistas.

Otra de las diferencias, señala, que la ‘verdad histórica’ afirma que los integrantes de Guerrero Unidos incineraron a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula por tratarse de integrantes de Los Rojos, hecho que también rechaza debido a que han acreditado con los reportes meteorológicos y de la NASA de ese día que “por las condiciones climáticas, del terreno y la vegetación, dicho evento no pudo haber sucedido”, además de que los estudiantes jamás estuvieron juntos después de que salieron de la terminal de autobuses, pues las evidencias de las comunicaciones telefónicas y testimonios recabados reflejan que los normalistas fueron divididos en al menos tres grupos y llevados a diferentes destinos.

Y una tercera en la que asegura que en la ‘verdad histórica’ se quiso responsabilizar únicamente a las autoridades locales y del estado de Guerrero en los hechos por sus vínculos con los grupos criminales, cuando la CoVAJ ahora tiene evidencia de que el grupo delictivo de Guerrero Unidos estuvo en colisión con autoridades federales, estatales y municipales, y no solamente en los días de los hechos.

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“Sino en toda la operación delictiva para el trasiego de droga desde la sierra de guerrero hasta la ciudad de Chicago en los Estados Unidos. Por eso, no solamente sostenemos la profunda deferencia que existe, sino con toda claridad sostenemos que la llamada ‘verdad histórica’ fue una construcción desde el gobierno federal para dar un carpetazo al caso”.

Además de que no considera la participación de los elementos de las fuerzas armadas de la región y de las autoridades federales involucradas, aunado a ello, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder y que activaron en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones.

“Por eso, señalamos, que la verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas; por la participación de las corporaciones; porque manipularon evidencia; porque obtuvieron declaraciones bajo tortura; porque protegieron a los servidores que participaron en los hechos y mintieron a la sociedad”.

Por todo ello, reiteró que la desaparición de los 43 estudiantes “fue un crimen de Estado”.