«Difusión de documentos sobre pensión ‘corrupta’ de María Amparo Casar es legal, asegura Pemex

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, defendió la difusión de documentos sobre el caso ‘Márquez Padilla’ y la pensión millonaria que María Amparo Casar Pérez, titular de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), habría obtenido a partir del uso de datos falsos sobre el fallecimiento de su expareja.

Durante la ‘mañanera’, Octavio Romero dijo que los ‘adversarios del régimen’ han argumentado que Pemex y Presidencia de la República violaron los derechos de la familia de María Amparo Casar al dar a conocer información sobre la pensión que habrían obtenido ilegalmente tras la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla García, coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de la paraestatal. Al respecto, señaló que hay una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) respecto a la publicación de carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.

«No obstante, la mayoría del pleno del Inai resuelve revocar la clasificación de la información con fundamento en el artículo 11, fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre paréntesis dice ‘No puede reservarse información relacionada con actos de corrupción’ porque, de acuerdo con información periodística o declaraciones de autoridades distintas a la ministerial, los asuntos se relacionan con actos de corrupción», leyó el ingeniero tabasqueño.

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Posteriormente, el director de la empresa paraestatal fue cuestionado sobre el financiamiento de los estudios de María Amparo Casar en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Sobre ello, dijo que Márquez Padilla García decidió que ella fuera beneficiaria del 80% de una parte de las prestaciones que dejaría en caso de fallecer y el 20% se le asignaran a sus hijos.

“Esto procede hasta que cumplan 25 años, y entiendo que, sujeto a que continúen estudiando; entonces, a eso obedece a documentos escolares, que eran los que ellos presentaban para poder seguir recibiendo la parte de la pensión que les correspondía”, explicó el funcionario federal.

Finalmente, Romero Oropeza fue abordado también sobre las críticas al gobierno federal por hacer pública documentación de estas dos personas. Al respecto, sostuvo que no fue algo fuera de la ley, pues además de que pudiera ser que estos tuvieran que rendir cuentas por recibir dinero público, la resolución citada del Inai los ampara también en este caso.