Detención de Caro Quintero, oportunidad de relanzar la relación con la DEA: experto

La detención de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, causó uno de los mayores ecos de lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al grado de que esto rebasó la frontera norte y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destacó su presunta participación en el hecho.

El papel de la agencia estadounidense es históricamente relevante en este caso por el asesinato y tortura de su agente Enrique Camarena Salazar, conocido también como “Kikis”, por parte de Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Por otro lado, en la actualidad, resalta que la relación con el gobierno federal mexicano se ha visto mermada en los últimos dos años.

Sin embargo, el especialista en Seguridad Nacional Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPYS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que si bien la colaboración vive horas bajas, la detención de Caro Quintero podría ser una oportunidad para que el gobierno retome la relación con la DEA.

Este recordó que la disminución de los intercambios de colaboración se dio a partir de la que considera una detención arbitraria del exsecretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, el 15 de octubre de 2020, cuando arribó al aeropuerto de Los Ángeles, California. El exfuncionario fue acusado de tres delitos relacionados con el narcotráfico y de lavado de dinero; en tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del general y el que se hayan soslayado los mecanismos formales de intercambio de información y cooperación.

Te puede interesar: Captura de Caro Quintero, un logro para la estrategia de inteligencia de AMLO, afirma experto de la UNAM

Pese a esa necesidad de recuperar el lazo, el experto señaló que parte de la posibilidad dependerá de que, en apego al Estado de Derecho y respetando los protocolos, el narcotraficante sea extraditado a Estados Unidos y el tiempo que tarde en suceder eso. Cabe recordar que el viernes, tras la captura, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó su intención de solicitar que este les sea entregado para que sea juzgado por autoridades estadounidenses que le imputan delitos como homicidio y secuestro de un agente, así como empresa criminal y conspiración internacional para el tráfico de drogas.

Casi un mes después de la detención del exsecretario de la Defensa Nacional, Carol B. Amon, jueza federal de Brooklyn, Nueva York desestimó los cargos en su contra pero los ánimos no cesaron. Algunas versiones periodísticas apuntaron que AMLO amagó con expulsar a los agentes estadounidenses de México si no repatriaban a Salvador Cienfuegos, algo que él negó.

Sin embargo, en diciembre de 2020 envió al Congreso de la Unión una reforma a la Ley de Seguridad con el fin de permitir a los agentes extranjeros estar en México pero con reglas claras de cooperación para el combate a la delincuencia y garantizar la paz del país y el extranjero.

«En otros países hay reglas, hay normas, en Estados Unidos, de lo que pueden ellos permitir a integrantes de otros gobiernos realizar en su territorio, como países independientes, libres, soberanos. Entonces, nosotros queremos de una vez resolver esto, que las reglas estén claras, que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable, que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo», argumentó el presidente el 8 de diciembre de 2020.

Cuestionado sobre si esto era necesario, Javier Oliva Posada respondió afirmativamente al decir que se requería ajustar esta ley porque no había tenido reformas importantes desde que fue promulgada en el 2005 cuando el presidente era Vicente Fox Quesada. Este comentó que aunque su contenido no es explícito, las nuevas medidas están dirigidas a los agentes de inteligencia y seguridad desplegados por las embajadas en México, empezando por el que deben estar acreditados.

En tanto, el investigador reflexionó que en el caso de Enrique “Kikis” Camarena Estados Unidos podría solicitar la extradición de Rafael Caro Quintero por homicidio. Sin embargo, señaló que este formaba parte de agentes encubiertos que muchas veces entran al país como turistas o con visas de empresarios.

Te puede interesar: La DEA afirma que participó en la operación para detener a Rafael Caro Quintero

La nueva legislación establece que los Agentes Extranjeros podrán ser autorizados para internarte temporalmente en territorio nacional para fines de intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral suscritos. Asimismo, mandata que la SRE, en acuerdo con las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, la que resolverá sobre la acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate.

Entre las disposiciones está que estos elementos solo podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas en términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese expedido a su favor. Asimismo, deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades; poner en conocimiento de estas la información de que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, portar armas solo acreditadas por la Secretaria de la Defensa Nacional; abstenerse de realizar actividades que pongan en peligro su integridad física; y allanar la propiedad privada o cualquiera otra violatoria de la Constitución Política.

Finalmente, la nueva redacción de la Ley de Seguridad indica que cuando se compruebe que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de cohecho, privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los Agentes Extranjeros en territorio nacional.