Nación
DEA y DOJ confirman cierre de investigación a AMLO desde hace 13 años; “no había evidencia suficiente”, acepta Golden
La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) confirmó que la investigación hecha a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la presunta recepción de recursos del crimen organizado para su campaña de 2006, tiene 13 años cerrada aunque fue presentada como “novedad” en periódicos internacionales. En tanto, el periodista Tim Golden aceptó que conocía que “no había evidencia suficiente” para incriminar al ahora presidente de México, aunque intentó justificar la publicación de su artículo con interpretaciones del “fin” de la indagatoria.
Este miércoles el periódico La Opinión informó en una nota que se comunicó con la DEA para preguntarle sobre la investigación hecha a AMLO por la supuesta aportación del narcotráfico a la campaña presidencial de 2006. Como respuesta, un oficial contestó que esta ya había concluido desde hace 13 años y había cerrado el caso conforme a lo indican los protocolos.
De acuerdo con el autor de esa publicación, el periodista Jesús García, también tuvo comunicación con un oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos y este le confirmó que ya había concluido la indagatoria y que había sido en realidad limitada en el tiempo, así como restringida a actividad criminales relacionadas con las drogas.
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Por su parte, Tim Golden le mencionó que él en su reportaje no estaba diciendo que haya evidencias “innegables” o “contundentes” para afirmar que en efecto el Cártel de Sinaloa donó dinero a la campaña de López Obrador hace casi 18 años. Asimismo, comentó que la propia ciudadanía debía sacar sus conclusiones ante lo que había publicado porque él no podía hacerlo al considerar que lo retomado no era información concluyente.
En tanto, en entrevista con Carmen Aristegui, el colaborador de ProPublica indicó que decir que no había evidencia suficiente y por eso se cerró el caso es solamente una de las varias lecturas posibles del actuar de la DEA tras 2011. Este especuló que entonces estos pudieron guardar silencio porque estaba el temor a críticas de las consecuencias del operativo “Rápido y Furioso” en México y que existe un debate interno de si es legítimo confrontar la corrupción en la política mexicana. Pese a tales lecturas, dijo también que no veía posibilidad alguna de reactivación judicial del caso.
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