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Nación

Corte admite controversia vs gobierno por mesa de seguridad en Chihuahua

Foto: Cuartoscuro

Javier Corral anunció que su petición de controversia constitucional contra el abandono del gobierno federal a la coordinación en materia de seguridad con el estado de Chihuahua fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El gobernador de Chihuahua redactó en sus redes sociales que la SCJN admitió, con carácter urgente para su tramitación, la Controversia Constitucional 180/2020 que interpuso contra la decisión del Gobierno de México de abandonar la coordinación con el estado en materia de Seguridad Pública.

Sin dar más detalles, Javier Corral Jurado argumentó que dicha decisión violenta los principios fundamentales del Federalismo.

El pasado 22 de septiembre Javier Corral recibió de Alfonso Durazo, entonces secretario de Seguridad, la noticia de que el Gabinete de Seguridad del gobierno federal había acordado que los responsables de las fuerzas federales en Chihuahua no sesionaran más con las autoridades estatales. Por el contrario, lo harían a solas en la zona militar atendiendo los temas que le competen.

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Un día después, Corral Jurado expresó su denunciando que el gobierno federal estaba mostrando su talante autoritario y vengativo. Esto debido a que interpretó la decisión como una represalia a la exigencia de aclarar el asesinato de dos personas a meno de elementos de la Guardia Nacional (GN) luego de haber participado en una movilización realizada en la presa «La Boquilla».

Además, manifestó que este hecho causaría el rompimiento del pacto básico sobre hacer de la seguridad un campo de neutralidad política, por lo que el presidente se estaba envileciendo al utilizar los instrumentos estatales para vulnerar a quienes mostraran oposición a sus decisiones.

El proceder del Gabinete de Seguridad fue defendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusando al gobierno de Chihuahua de estar filtrando al Partido Acción Nacional (PAN) la información discutida en la mesa de seguridad estatal para utilizarla en las protestas contra el tratado de aguas con Estados Unidos.

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