Contrato del INM con empresa privada de seguridad fue por adjudicación directa y hasta por 190 mdp

La secretaria de Seguridad y Protección Civil, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dio a conocer que el contrato entre el Instituto Nacional de Migración (INM) y la empresa privada de seguridad a cargo de la estación migratoria de Ciudad Juárez era por un monto millonario y se entregó sin licitación.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez detalló que el contrato entre el INM y Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV fue por adjudicación directa. Asimismo, subrayó que esta tenia como finalidad adquirir la prestación de los servicios de la empresa para instalaciones de este organismo, ubicadas en 23 estados de la República.

“El documento establece una vigencia del 01 de marzo al 31 de diciembre de este año, 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones. Este contrato será rescindido”, destacó la funcionaria federal.

La secretaria recordó que desde ayer hubo una orden expresa para iniciar el proceso sancionador administrativo contra la empresa y retirarle el contrato ante lo ocurrido y primeros indicios de irregularidades. No obstante, esta vez dijo que no solamente se encontró una discrepancia entre los elementos ofrecidos al instituto y los reportados a la Dirección General de Seguridad Privada de la SSPC.

En primer lugar, señaló que Grupo de Seguridad Privada CAMSA SA de CV ofreció servicios diferentes a los autorizados bajo el nombre de Grupo TANK Seguridad Privada Profesional. Al respecto, explicó que esta no contaba con permisos para la portación de armas pese a que realizaba tareas de seguridad intramuros con escoltas y elementos armados para protección a funcionarios.

Junto a eso, denunció que hacían rastreo y localización satelital (GPS); custodia de mercancías; seguridad para eventos especiales; capacitación en materia de seguridad; consultoría en seguridad y asesoría en sistemas de seguridad electrónica; controles de acceso, sistemas de intrusión y sistemas de video vigilancia (CCTV).

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez les acusó también de omitir:

-Actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales.

-Evitar, en todo momento aplicar, tolerar o permitir actos de tortura, malos tratos, actos crueles, inhumanos o degradantes.

-Inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada, a los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo.

– lmplementar mecanismos que garanticen el cumplimiento de obligaciones del personal operativo, así como inscribir a su equipo en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública y su uniforme ante el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública.