Continuará apoyo a víctimas de violaciones de DDHH pese a austeridad: Segob y Hacienda

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y el subsecretario de Derechos Humanos y Población y Migración, Alejandro Encinas, aseguraron este día que pese a la reducción del 75% del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el apoyo a quienes han visto vulnerados sus derechos humanos continuará.

A través de un comunicado de prensa la Segob informó que tanto la exministra Olga Sánchez Cordero como el exjefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas Rodríguez, se reunieron ayer con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para abordar el recorte presupuestal dado a conocer en las últimas horas.

En el texto se asegura que durante la reunión se revisó esta disposición, reiterando el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con los derechos humanos frente a las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias, ello obedeciendo la fracción V, punto 38 del decreto presidencial del 23 de abril por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal bajo los criterios que en el mismo se indican.

Con ello, la Segob reiteró que no dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos, asegurando a la vez que tampoco desistirá en defender, promover y garantizar los derechos desde sus distintas áreas.

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Minutos más tarde, Arturo Herrera publicó en su cuenta personal de Twitter que para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) la ciencia, la educación superior, la cultura y los derechos humanos son centrales para el desarrollo del país.

Asimismo, ante los reclamos de diversos actores de la política, la sociedad civil y la misma CEAV, este sostuvo que se asegurarán de que tengan los recursos suficientes independientemente del mecanismo presupuestal a través del cual operen.

Por la mañana, la CEAV señaló que por parte del gobierno federal se había determinado la reducción del 75 de su presupuesto corriente, lo cual afectaría hasta el 60% de los empleos ante la necesidad de un ajuste de nóminas, además de que ello no permitiría pagar rentas ni servicios de agua, luz, telefonía e internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral existentes en el interior del país.