FGR rechaza persecución política contra Ruffo; hay 96 datos de prueba, afirma

Luego de que el PAN acusara “persecución política” en contra del exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Ruffo Appel, la Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que haya un intencionalidad política en el proceso que se le sigue al exmandatario e informó que existen 96 datos de prueba por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

“Ernesto “N” no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, expresó la institución de justicia encabezada por Ernestina Godoy Ramos a través de un comunicado.

Como ya lo había informado la fiscal cuando se detuvo al exgobernador panista, la FGR recordó que la indagatoria que los llevó hasta Ingemar, empresa de la que es socio Ruffo Appel, se inició desde julio de 2025, cuando se hallaron abandonados los 33 ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila.

Indicó que cuando se localizaron los ferrotanques, se indicaba un riesgo para la población porque no se tenía conocimiento de qué tipo de combustible contenían y por las altas temperaturas registradas en la zona, pero tras hacer una análisis, se hallaron indicios de que se trataba no únicamente de unas decenas de contenedores abandonados, sino una red completa de contrabando de combustible que había sido ingresada al país de manera ilegal porque no se declaró el contenido total.

Esta indagatoria iniciada en Ramos Arizpe, indicó que se extendió hasta San Luis Potosí y Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se identificaron otros ferrotanques relacionados con la misma operación que presentaban las mismas características de importación irregular, “al haberse declarado únicamente el 10 por ciento de lo que realmente contenían”, lo que ayudó a reconstruir la ruta ferroviaria utilizada para el traslado de combustible ingresado al país de forma irregular.

“Lo que inicialmente parecía ser un hallazgo aislado evolucionó hacia la identificación de una operación logística de mayor dimensión, con puntos de recepción, almacenamiento y distribución en diversas entidades federativas. El análisis de pedimentos, facturas, cartas porte, información ferroviaria y documentación corporativa permitió identificar a la importadora principal, una sociedad constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México. Inicialmente, la empresa fue constituida por José “N” y dos personas morales”, sostuvo.

Empresa de Ruffo fue indagada como parte de trama de huachicol fiscal desde 2025

Señaló que la empresa constituida inicialmente por José Merino Valdés Cuervo, ingeniero en telecomunicaciones de origen español y naturalizado mexicano, evolucionó rápidamente pues dos meses después de su constitución, es decir, en octubre de 2018, el panista Ruffo Appel inició su participación dentro de la estructura, al incorporarse en el capital variable de la firma mediante una asamble de socios.

Y apenas dos años después, en 2021, el exgobernador “ya figuraba como accionista y fue designado secretario del Consejo de Administración, participando junto con José “N” en la conducción, representación legal y toma de decisiones estratégicas de la sociedad”.

En ese sentido, la Fiscalía indicó que con el avance de la investigación, se permitió saber que tanto José Valdés como Ernesto Ruffo comparecieron de manera conjunta en diversos actos corporativos, modificaciones societarias y otorgamiento de poderes, particularmente relacionados con actividades de administración, comercio exterior, gestiones ante autoridades fiscales y aduaneras, así como en la operación general de la empresa, por lo que ambos estaban al tanto de las actividades de la empresa, “lo que deja claro que no se trata de una persecución política”.

Detalló también que la empresa no se quedó únicamente con las actividades de gestiones aduanales, sino que en los años siguientes incorporaron a sus servicios el de almacenamiento, importación, exportación, transporte y manejo de hidrocarburos, así como la operación de terminales ferroviarias y servicios auxiliares vinculados al sector energético, elementos que posteriormente adquirieron relevancia dentro de la investigación.

“Como resultado de esta labor se han integrado hasta este momento 96 datos de prueba, entre los que destacan dictámenes periciales en química, para determinar la naturaleza y características de los hidrocarburos asegurados; dictámenes en ingeniería mecánica y eléctrica, para establecer la capacidad real de los ferrotanques y los volúmenes efectivamente transportados; dictámenes en fotografía, para documentar técnicamente los hallazgos y actos de investigación realizados; dictámenes en criminalística, orientados a la fijación, preservación, análisis y correlación de los indicios localizados; y dictámenes de identificación, para conocer el tipo de hidrocarburo, ya sea gasolina o diésel”, expresó.

Por todo ello, subrayó que desde el abandono de los ferrotanques hasta la identificación de una estructura empresarial con capacidad de importación de hidrocarburos, operación ferroviaria especializada y una red logística de alcance interestatal, demuestra que los resultados obtenidos fueron producto de “una investigación progresiva, técnica y de largo aliento, sustentada en trabajo de campo, análisis pericial, inteligencia financiera, revisión documental y coordinación interinstitucional”, por ello reiteró que no existe tal persecución política.

Por otro lado, explicó que si bien es cierto que hasta este momento se ha imputado un perjuicio fiscal de más de 100 millones de pesos derivado del contrabando realizado mediante 170 ferrotanques asegurados en julio de 2025; no obstante, del cruce de
información entre la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se logró establecer la reiteración de más de 4 mil operaciones irregulares durante el primer semestre de ese año, lo que podría ascender a más de 4 mil millones de pesos de daño patrimonial a la nación, “circunstancia que será debidamente acreditada en la investigación complementaria”.

Asimismo, precisó que el delito de delincuencia organizada, de acuerdo con la Constitución, amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que las personas imputadas por dicho ilícito no pueden seguir su proceso en libertad como es el caso de José Valdés y Ernesto Ruffo.