César Duarte: una cara del “nuevo PRI” con acusaciones del “viejo PRI”

César Horacio Duarte Jáquez perteneció a la anunciada nueva generación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que rumbo a 2012 era vista por algunos como la «renovación» partidista’ tras haber perdido la presidencia y distintas gubernaturas tras décadas de escándalos de corrupción, represión y demás delitos y conductas antidemocráticas.

“El gobernador de Quintana Roo, Beto Borge; de Veracruz, Javier Duarte; César Duarte, gobernador de Chihuahua; el de Campeche, todos son parte de una generación nueva, que son parte de este proceso de renovación del partido”, declaró Enrique Peña Nieto tras ser cuestionado de la «marca» que el PRI representaba.

César Duarte nació el 14 de abril de 1963 en Parral, Chihuahua. Su historial ligado al PRI es longevo, ya que al menos desde 1980 se convirtió en miembro activo de dicho instituto político. Durante los siguientes 30 años fue integrante del Frente Juvenil Revolucionario, secretario de organización de la CNC en Chihuahua, Delgado del CDE del PRI de Chihuahua en el municipio de Guadalupe y Calvo, coordinador de campañas, secretario general del PRI en Chihuahua, presidente del CDM del PRI en Parral, delegado del CEN de la CNC para estados como San Luis Potosí, Baja California Sur y Coahuila, coordinador del sector agrario del PRI en su estado y secretario de la CNC en Chihuahua.

Su trayectoria legislativa tampoco estaría apartada del tricolor, perteneciendo a la LVII legislatura como diputado federal de 2000 a 2003 y diputado local para la LIX legislatura del Congreso de Chihuahua. Su regreso a San Lázaro en las polémicas elecciones de 2006 fueron el último antecedente de un cargo público previo a su candidatura y eventual triunfo en las elecciones a gobernador de Chihuahua del 4 de julio tras obtener el 55.5% de los votos, superando a Carlos Borruel Baquera del PAN y a Luis Adolfo Orozco Orozco del PRD..

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«Peculado agravado […] Delito previsto y sancionado en el artículo 11, Fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Hipótesis relativa al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido político; y fracción V, del mismo ordenamiento legal, hipótesis relativa al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero para apoyar a un partido político».

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Este texto fue actualizado a petición de la Procuraduría General de la República luego de que la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), cuyo titular era Santiago Nieto Castillo señalara los primeros indicios que para el 28 de junio de 2017 hicieron anunciar a este que entre 2010 y 2016 el PRI había obtenido por 79 millones de pesos para financiar campañas electorales pero producto de la retención de hasta el 10% de los salaros de los trabajadores estatales, ello con apoyo del secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua y 3 funcionarios públicos más, solicitando en el mes de septiembre la extradición de Duarte.

Ese mismo año, The New York Times, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y un corresponsal del semanario Proceso informaron de una serie de propiedades en El Paso, Texas, así como del desvío de recursos públicos de Chihuahua a las campañas del PRI, con el presunto contubernio de otros actores federales como Manio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI en ese entonces, y Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda.

Ello reforzaba las acusaciones locales producto de las investigaciones del gobierno de Javier Corral Jurado, mandatario panista que lo relevó en el cargo, en donde se destacaba una orden de aprehensión por el presunto desvío de 14 millones de pesos para beneficial al PRI en las elecciones de 2015, sin embargo, estas no son las únicas acusaciones en su contra, ya que el 16 de octubre de 2018, Javier Corral declaró que para el mes de diciembre habrían al menos 20 órdenes de aprehensión ante la PGR contra su antecesor por delitos como daños al erario público, peculado y enriquecimiento ilícito durante su gestión.