Cárceles en Jalisco, factores de riesgo para los reclusos: CNDH

La CNDH advirtió que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) comprobó que Comisarías de Seguridad Pública y Cárceles en Jalisco presentan factores de riesgo para el cometimiento de malos tratos y tortura.

De acuerdo con los datos proporcionados, estas condiciones contra los Derechos Humanos de los reclusos se encuentran en 19 ayuntamientos del Estado de Jalisco, puesto que solo atendieron 44 de 236 factores de riesgo que les fueron reportados hace un año para prevenir actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La CNDH comenta que varios de esas atenciones tampoco se han solucionado por completo. 29 de esos factores atendidos únicamente presentaron avances encaminados a su cumplimiento, mientras que 163 aún persisten, por lo que el MNPT considera que estas prisiones no garantizan que las personas detenidas tengan una estancia digna.

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El informe precisa que entre los factores de riesgo más recurrentes en esos lugares se encuentran la falta de mantenimiento e higiene en las instalaciones, carencia de partida presupuestal para el suministro de alimentos a las personas privadas de la libertad; inexistencia de celdas exclusivas para alojar mujeres, y falta de Reglamentos y Manuales de Procedimientos que regulen las áreas de detención.

Además de estos problemas, se adjuntaron otros en falta de servicio médico y de privacidad al realizar la certificación de integridad física a las personas detenidas; insuficiencia de personal de seguridad; falta de capacitación de los servidores públicos en materia de Derechos Humanos y Prevención de la Tortura, así como de instrucción del personal médico en materia del «Protocolo de Estambul» y la inexistencia de registros y programas para prevenir y atender situaciones o eventos violentos.

Este diagnóstico se suma al hecho a las condiciones de hacinamiento de migrantes en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). Apenas el 18 de julio, la CNDH informó que las instalaciones del INM en Monterrey no son adecuadas para el alojamiento de migrantes por tratarse de oficinas administrativas, careciendo de condiciones estructurales indispensables para alojar a las personas detenidas, entre las que se encuentran mujeres, niños y jóvenes.