Cámara de Diputados termina con el outsourcing en área de limpieza

La Cámara de Diputados pretende poner el ejemplo con la eliminación del outsourcing. Pese a que los trabajos en la materia fueron pausados para una mejor discusión, el diputado Reginaldo Sandoval y la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, que estarían por avalar la eliminación de esta práctica laboral en San Lázaro beneficiando a los trabajadores de limpieza. 

Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, declaró que ante la necesidad de abordar el tema del outsourcing en el Congreso de la Unión, la Cámara no puede permitir que sus trabajadores sigan bajo ese «injusto modelo» en contra de sus derechos laborales.  

Por eso, anunció que alrededor de 500 personas que trabajan en el área de limpieza del Palacio legislativo tendrán un cambio en su contratación para pasar a ser ahora una relación directa con la Cámara de Diputados, afirmando que la aprobación en 2012 del modelo de contratación solamente ha permitido la explotación de las y los mexicanos, así como la precarización del salario en México.  

Te puede interesar: Diputados posponen aprobación de dictamen sobre outsourcing en comisiones

La noticia fue confirmada por Laura Rojas, quien se reunió también trabajadores de este rubro a fin de informarles de la decisión que tendrá impacto a partir del primero de enero de 2020.  

El pasado 5 de diciembre la Comisión del Trabajo y Previsión Social se declaró este jueves en sesión permanente a fin de poder trabajar un dictamen sobre el outsourcing que impulsa el PT, sin embargo, decidió posponer la decisión al considerar que se necesitaba profundizar el estudio del dictamen. 

Esto luego de que Ricardo Monreal hiciera lo propio en el Senado solicitando no pasar a la discusión en el pleno de un dictamen aprobado en comisiones que prohibía el outsourcing, producto de una iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia ante las críticas de organizaciones empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, quienes condenaron que se “criminalizara” la subcontratación afirmando que su prohibición traería grandes daños a la economía nacional.