Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley de Aguas Nacionales

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Aguas Nacionales, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y modificada a partir de los diálogos con productores del campo. Nuevamente, tal reforma generó división entre opositores y oficialistas, al diferir sobre si esto garantiza el derecho al agua para todos.

Tras aceptarse la incorporación del dictamen a la agenda del día, la diputada Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión de Recursos, apuntó desde la tribuna que la Ley de Aguas Nacionales dará certeza jurídica al crear el Registro Público Nacional de Agua, acabando los manejos opacos; finalizará el abuso de concesiones y sobreexplotación, dado que se ordenará el Sistema de Concesiones y Asignaciones; y establece que en la transmisión el dominio de tierras vinculadas como un título de concesión para el uso de agua, el nuevo propietario no perderá ningún derecho.

Asimismo, la morenista aseguró que la ley mandatará que los volúmenes del fondo de reservas se asignarán privilegiando el derecho humano, además de la producción de alimentos. En materia de transparencia, agregó que la Comisión Nacional del Agua (Contará) con un órgano interno de control que vigilará su actuación; en tanto, prometió que aportará a que haya «cero tolerancia» a la contaminación, pues se prohíbe otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros.

«Conservación y reúso del agua. Se fomentará el reúso de las aguas residuales tratadas y no tratadas. Impulso a la eficiencia hídrica. Quien ahorre agua no será castigado con la reducción de su volumen, al contrario, se incentiva la inversión en eficiencia. Sanciones claras y objetivas. Se eliminan criterios vagos y se fortalecen las medidas contra quienes contaminan, derrochan o explotan ilegalmente el agua», sumó en la fundamentación.

Además, su compañera del grupo parlamentario de Morena Dolores Padierna Luna, expresó que esta ley permitirá transitar de un modelo centrado en la explotación económica del recurso a uno basado en derechos humanos, sustentabilidad ambiental y justicia social. Afirmó que la propuesta generará la constitucionalización efectiva del derecho humano al agua; la reorientación de la política hídrica priorizando el uso doméstico y personal; la reconfiguración del régimen de concesiones, que elimina la transmisión entre particulares, permitiendo que sea el Estado quien redistribuya el agua; y el fortalecimiento del control estatal sobre los títulos concesionados.

En contraste, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, expresó que la reforma estará disminuyendo derechos de pueblos originarios. A la par, planteó que previa aprobación se debió consultar a estos, dado que la fracción XIII del artículo 2 constitucional establece la consulta obligatoria ante reformas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno.

«Hay muchos motivos para votar en contra de esta ley, por eso pedimos que se haga una suspensión del debate […] Ya vieron ustedes que en el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales se conserva el texto expreso: los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión. Eso les pusieron hace rato. No cambiaron eso. Y, aún si lo cambiaran, aún si lo suprimieran, están otros artículos que sustentan eso», dijo.

Mientras tanto, desde el Partido Acción Nacional (PAN), Paulo Gonzalo Martínez López dijo que Morena está intentando quedarse con el agua de la gente, sin dar mayores argumentos. Insistió en que esta es una ley parchada, improvisada y profundamente peligrosa y reiteró que la incrustación de más de 90 cambios de última hora no solo es irresponsable, sino también algo peligroso.

«Quieren convertir a la Conagua en la caja chica de la 4T […] Conagua no tiene la capacidad técnica ni operativa para esta carga que le quieren imponer en este dictamen. Le recortaron el presupuesto, sepan lo que hicieron: de 37 mil millones de pesos, a 36 mil millones de pesos para 2026. Sin duda, todo esto es una receta para el colapso y el campo es el sector más afectado; ellos usan el 70 % del agua del país y de ahí se sostienen más de 5 millones de familias», sostuvo.

Tras casi seis horas de discusión, el tablero electrónico se abrió para que las diputadas y diputados votaran el dictamen en lo general, dando como resultado 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones.