Cabeza de Vaca ya no tiene fuero: Olga Sánchez Cordero

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que Francisco García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero pese a que el Congreso de Tamaulipas votó en contra del desafuero del gobernador tras la decisión tomada por la Cámara de Diputados.

Sánchez Cordero expresó que con el voto de la declaración de procedencia en San Lázaro se oficializó que Francisco García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero. No obstante, resaltó que el proceso legal continúa su curso dado que el Congreso de Tamaulipas decidió promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

«Por lo pronto ya hubo la declaratoria de procedencia, ya fue votada y en mi opinión el gobernador en ese caso ya no tendría el fuero constitucional», declaró la ministra en retiro.

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Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que será la SCJN la que decida sobre el procedimiento adecuado para el desafuero, por lo que pidió no adelantarse ni a favor ni en contra de la protección que tiene el mandatario tamaulipeco.

«Si es un problema de interpretación de la Constitución, de la ley, para eso existe el Poder Judicial, en especial la Suprema Corte de Justicia de la Nación», enfatizó AMLO ante la duda que persiste en el caso

El artículo 111 constitucional, así como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos mandatan que cuando la Cámara de Diputados apruebe el retiro del fuero para un funcionario local, los Congresos locales serán comunicados «para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda».

En tanto, la Constitución de Tamaulipas menciona que el Congreso tiene la facultad de declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito.

En su artículo 152 establece que, en el caso del gobernador del Estado, «sólo habrá lugar a acusarlo ante el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los términos del Artículo 151, resolviendo con base en la legislación penal aplicable» es decir, que el Congreso, previa declaración de las dos terceras partes de sus integrantes, procederá a la acusación respectiva ante este órgano de justicia.