El gobierno de la Ciudad de México propone, a través del Código Fiscal 2022, cobrar un impuesto de 2 por ciento sobre el total de las ventas a las aplicaciones de entrega de mercancías y eventos, así como a las de hospedaje.

Ante el crecimiento exponencial que ha tenido el mercado digital, y con ello el aumento de aplicaciones que ofrecen el servicio de entrega, el gobierno de la capital, encabezado por Claudia Sheinbaum, prevé que éstas paguen una contribución a la ciudad como ya lo hacen las apps de servicios de taxis como Uber.

La secretaria de Finanzas de la ciudad, Luz Elena González, explicó que este impuesto no será trasladable a los usuarios finales, ni a los empleados de las aplicaciones, sino se les cobrará este porcentaje directamente a las empresas a través de sus declaraciones.

Dijo que se trata de la misma mecánica de gravamen que se aplica a las aplicaciones de transporte privado como Uber y Didi que la ciudad cobra actualmente 1.5 por ciento de cada viaje que realizan.

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“El impuesto no es trasladable, se cuidó en la presentación del código que no fuera trasladable el impuesto. Se va a causar directamente a las plataformas en sus declaraciones. Será causado de la misma forma que se hace con Uber, simplemente estamos replicando al resto de las aplicaciones, entonces no es trasladable ni a los consumidores finales ni a los trabajadores de las plataformas”.

Por su parte, la jefa de Gobierno aseguró que los recursos recaudados por el nuevo impuesto serán aplicados en obras de bienestar de la población como la reparación de calles y avenidas, que son los espacios que son usados por los repartidores.

En la modificación hecha al Código Fiscal, la Secretaría de Finanzas explica que, “las restricciones (impulsadas por la pandemia de Covid-19) ha provocado una aceleración vertiginosa en el crecimiento del comercio electrónico, entre ellos destaca el sector de la entrega de alimentos, mercancías o víveres. Lo anterior, presenta nuevos retos de gobernabilidad en materia fiscal, regulatoria y de movilidad, a fin de poder estar en condiciones para establecer políticas impositivas que beneficien a los usuarios de dicha economía digital”.

Este cambio, deberá ser discutido y en su caso aprobado por el Congreso de la Ciudad de México antes del 15 de diciembre.