Ayotzinapa, la búsqueda interminable

Pese a la poca evidencia e indicios físicos y científicos de que a 10 años exista la posibilidad de que los estudiantes de la normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, Guerrero, continúen con vida, el gobierno está obligado a seguir investigando qué les pasó mientras los padres de familia lo sigan solicitando porque el delito de desaparición forzada, como fue tipificado, “no prescribe”, lo que convierte la búsqueda en una misión interminable.

A 10 años de la desaparición de los 43 normalistas en la llamada “noche de Iguala” de aquel 26 de septiembre de 2014, durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, y que una década después no se logra desentramar el caso, los padres siguen exigiendo lo mismo: “la aparición con vida” de sus hijos porque “vivos se los llevaron y vivos los queremos”, gritan en una de sus consignas.

Pero pese a esos llamados a encontrar a los estudiantes, la abogada Judith Selene López Meza, catedrática de la Universidad de Londres, nos explica que la ley sólo exige a la autoridad esclarecer el caso de cómo pasaron los hechos y quiénes cometieron el crimen para poder procesarlos y garantizar de esa forma que se sancione al culpable, sin embargo, eso es difícil que lo diga un gobernante.

“Cuando hay una comisión del delito, lo que la ley dice es que se debe sancionar el delito. Y en algún momento, si es posible, llevar a cabo una reparación del daño del afectado, pero el derecho penal y la comisión de delito sólo busca sancionar al infractor”, sostuvo.

La especialista en derecho civil, detalló a La Hoguera que incluso las investigaciones que realiza actualmente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que en el pasado hizo Enrique Peña Nieto con su ‘verdad histórica’ indican que “no los están buscando a ellos (los estudiantes) y eso es lo que muchas veces, en particular los familiares y la sociedad civil, no entienden. No los están buscando a ellos. Están buscando saber qué sucedió o quién ordenó que sucediera eso para imponer un castigo a la persona que lo ordenó y a la persona que lo ejecutó, es decir, quién, qué y por qué, quién lo hizo, qué hizo y por qué lo hizo”.

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Pero también explica que en el tema político no está bien visto o los políticos no quieren asumir el costo de declarar oficialmente cerrado el caso pese a que les falte evidencia de poder encontrarlos y de que la ley contemple un periodo de 8 años y medio para poder declarar legalmente muertos a los desaparecidos. Pero en el caso Ayotzinapa tiene la agravante de ser “forzada” y por eso se deba seguir con la búsqueda.

“Ya hay oportunidad de declararlos muertos, eso lo dice el Código Civil, pero esta declaratoria la tiene que hacer un juez a petición de los familiares porque, por ejemplo, si existen seguros por cobrar estos no se pueden cobrar hasta que exista un acta de defunción, o si alguno hubiera estado casado, la esposa no podría volver a casarse si no existe la declaratoria de muerte. Entonces, las condiciones ya están dadas para hacer la declaratoria”, indicó.

Sin embargo, al ser una decisión meramente de los familiares y que a 10 años no aceptan que sus hijos estén muertos porque afirman que no hay restos y porque conservan la esperanza de encontrarlos, este caso en la vía legal también se detendrá porque son los únicos que podrían iniciar el proceso civil de la declaratoria con el que se podría cerrar el caso.

En ese sentido, aunque en determinado momento la autoridad llegara a la conclusión de que se “encuentre imposibilitado” para esclarecer el caso y quisiera cerrar la indagatoria, los padres de familia pueden impugnar la decisión y recurrir a un juez para que le ordene al gobierno continuar con la búsqueda de los responsables y de cómo ocurrieron los hechos, “más no de seguirlos buscando a ellos”.

“No los van a buscar eternamente. Lo que va a pasar es que van a seguir en estas búsquedas, en esas pesquisas, pero lo único que buscan es darle algún tipo de tranquilidad a los padres para que vean que se está haciendo algo, pero en realidad no los están buscando a ellos, sino saber la realidad de los hechos. ¿Cuándo los van a dejar de buscar? No lo sé, porque ese es más un tema político. Es más político. ¿Tú crees que alguien ‘se va a echar ese trompo a la uña’, un político de alto rango se va a atrever a decir ‘ya, hasta aquí llegamos, ya no vamos a buscar, ya están muertos’, para que los padres y la sociedad se le echen encima? Entonces, lo único que van a hacer el dar vuelta en lo mismo”, señaló.

Por otro lado, la abogada Judith López apuntó también que pese a que la desaparición forzada de los jóvenes fue declarada como “un crimen de Estado”, porque presuntamente fue perpetuada en colaboración con integrantes del Estado, en este caso de militares pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para poder reclamar una reparación del daño tendría que continuar la investigación hasta determinar quién cometió el crimen para poder establecer el monto de la indemnización que tendrían que pagar los culpables.