Asesinato de Mara exhibe falta de candados de seguridad en App

El asesinato de la estudiante Mara Fernanda Castilla presuntamente por Ricardo Alexis “N”, chofer de Cabify, puso al descubierto la falta de candados de seguridad por parte de empresas que se preciaban de ofrecer un servicio seguro de transporte alternativo a los taxis.

En entrevista radiofónica Diana Pantoja, directora de Comunicación Global de Cabify, además de guardarse la información sobre el número de unidades y viajes que la app tiene y ha prestado en el país, lamentó el asesinato de la joven, pero también la revocación del permiso para operar en Puebla.

Aseguró que una persona, “un hecho aislado”, lo calificó, no puede manchar la reputación de cientos de personas que trabajan de manera honrada, ni de una empresa. Advirtió que cientos de familias se quedarán sin una fuente de ingreso por la decisión de las autoridades de Puebla.

Antes, en un comunicado, la empresa responsabilizó a la fiscalía de Puebla por haber expedido una carta de antecedentes no penales al chofer Ricardo Alexis “N”.

Previamente, en otro noticiario, Alejandro Sisniega, director de Cabify México, aseguró que el presunto asesino fue conductor de Uber en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Tenemos en nuestro poder una constancia de no antecedentes penales, expedida por el gobierno del estado de Puebla y el Instituto de Ciencias Forenses, con fecha del 10 de agosto de 2017 en la ciudad de Puebla”, dijo Sisniega.

El director de Cabify explicó que el chofer entregó también comprobantes de domicilio, identificación oficial con fotografía, RFC; además tuvo “que hacer una certificación, un curso, presencial que solamente nuestra plataforma lo tiene”, así como tarjeta de circulación, licencia de conducir, seguro y factura del vehículo y exámenes psicométricos y toxicológicos.

Señaló que Cabify está por incluir en la aplicación datos de algún contacto de emergencia de los usuarios y un botón de pánico, conectado con la ley; además de proporcionar a las autoridades la base de datos de los operadores dados de baja por violaciones a la ley.