Apunta Gobierno tres posibles “causales” de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

El gobierno federal publicó la “narrativa” de los hechos de la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, de acuerdo con los testimonios de algunos involucrados, en los que apunta a tres posibles “causales” por lo que habrían desaparecido en Iguala, Guerrero, a los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa.

Entre esas teorías está una en que se les pudo haber confundido con otro grupo delictivo; otra es que fue una revancha por parte del alcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca —actualmente preso—; o una tercera en la que existe la posibilidad de que en alguno de los autobuses tomados por los estudiantes hubiera droga, armas o dinero relacionado con el trasiego de drogas propiedad de algún cártel.

En el largo expediente comprimido, señala que había nexos de autoridades de los tres niveles de gobierno con grupos delincuenciales, entre ellos se incluyen a policías municipales, estatales, integrantes de la Fiscalía de Guerrero, alcaldes de los municipios de la región cercanos a Iguala, así como mandos del Ejército, especialmente del Batallón 27, vinculados con el grupo delictivo de Guerreros Unidos a quienes le permitía el trasiego de droga.

“Recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, señala el reporte sobre el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón con sede en Iguala; el capitán José Martínez Crespo y el comandante del Batallón 41, Rafael Hernández Nieto.

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Sobre la posible confusión con un grupo rival, la narrativa explica que este pudo ser porque los integrantes de Guerrero Unidos pudieron pensar que entre los estudiantes estaban infiltrados miembros del grupo de Los Rojos, con quienes se disputaban la plaza en ese 2014 y con quienes mantenían una rivalidad desde abril de ese año luego de que el Ejército les decomisó un camión con droga.

En referencia a una posible revancha del alcalde de Iguala, señala que Abarca les mandó a dar un “escarmiento” debido a que previamente los estudiantes habían hechos protestas y destrozos en el Palacio Municipal y ese día era el informe de actividades de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa como titular del DIF, ambos vinculados con el grupo criminal de Los Beltrán Leyva debido a que los hermanos de ella eran los jefes de plaza ahí.

“La intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde (de Iguala) José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera”, detalla.

La tercera hipótesis explica que tal vez algunos de los camiones que tomaron ese día los estudiantes para acudir a la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México estaba cargado con droga, armas o dinero perteneciente al crimen organizado.

Cualquiera de estas teorías pudo haberse llevado a cabo con la participación de autoridades de todos los niveles, pero principalmente municipales y del Ejército que se encontraban en Iguala la noche de la desaparición, pues los líderes criminales “mantenían un importante nivel de penetración y cooptación de las autoridades encargadas de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región. Esta red que involucraba a autoridades de los tres órdenes de gobierno fue, sin duda, un factor que ‘facilitó’ y perpetró la desaparición forzada de los 43 normalistas”.

Pese a que el abogado de los padres de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales, afirma que la investigación planteada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se acerca a lo planteado en la “verdad histórica” elaborada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, lo cierto es que en la actual investigación se sigue culpando y haciendo énfasis en que sí participaron miembros del Ejército en la desaparición de los jóvenes, entre ellos altos mandos, que actualmente se encuentran en prisión, hecho que el gobierno del priista negó.