Alcalde de San Miguel Totolapan enfrenta cargos por cerrar Ministerio Público y obstaculizar investigación en Guerrero

En un hecho polémico que generó conmoción en el municipio de San Miguel Totolapan, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero (FGJEG) presentó acusaciones contra el alcalde Fredy Vázquez Palacios.

Según un comunicado emitido por la dependencia estatal, el edil es señalado por obstruir las labores de investigación en un caso de robo de dos camionetas, al cerrar de manera ilegal las instalaciones del Ministerio Público en un intento por frenar los procedimientos judiciales.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, un grupo de aproximadamente 40 personas liderado por el alcalde llegó a la Agencia del Ministerio Público y bloqueó su acceso. Utilizando maquinaria pesada y una camioneta, cerraron la calle y aseguraron las puertas con cadenas y candados, lo que dejó a nueve personas atrapadas dentro del edificio.

Además de las acciones de bloqueo, Vázquez Palacios y su grupo llevaron a cabo actos de vandalismo, causando daños a los vehículos pertenecientes a la Fiscalía mediante pintadas y golpes, así como pinchando las llantas de los automóviles. También se informó sobre el daño al sistema de circuito cerrado de televisión y el corte del suministro eléctrico en las instalaciones.

Ante esta situación, la FGJEG sostuvo que estas acciones tienen como objetivo obstruir la investigación en curso contra dos personas detenidas el pasado sábado 20 de mayo, acusadas de robar las camionetas y quienes, según los informes, mantienen vínculos cercanos con el alcalde. Las detenciones se realizaron después de que los vehículos fueran encontrados con reporte de robo vigente en el Registro Público Vehicular (Repuve).

El cierre ilegal del Ministerio Público y los actos de violencia perpetrados por el alcalde y su grupo han sido denunciados como una clara intromisión en los procesos de justicia y una forma de favorecer a personas vinculadas a Vázquez Palacios. La dependencia ha calificado estas acciones como una represalia destinada a entorpecer su labor en materia de procuración de justicia.

Por último, la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero manifestó que las investigaciones sobre el caso continúan en curso y reafirmó su compromiso de llevar adelante los procedimientos legales necesarios para garantizar que se haga justicia y se mantenga el imperio de la ley, sin importar las influencias o posiciones de los involucrados.