Actualización de impuestos saludables en México, necesaria ante crisis de salud: experto

El Congreso de la Unión terminará probablemente esta semana la discusión de la reforma a la Ley del Impuesto Especial (IEPS), como parte de la Miscelánea Fiscal 2026, incluyendo una serie de “impuestos saludables”, nuevos o ajustados al alza, mismos que ha criticado la oposición señalando que son un “golpe” para el bolsillo ciudadano. Sin embargo, desde la visión nutricional y de la salud pública, tal aumento sería justificado e incluso se emplazaría a tener cuidado con el escalonamiento acordado con refresqueras.

En entrevista para La Hoguera, Mauricio Hernández Fernández, doctor en Ciencias en Nutrición Poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), explicó que los impuestos saludables, como cualquier otro, implican una recaudación para la hacienda pública, pero su objetivo principal es de salud pública. Indicó que estos suelen aplicarse al alcohol y tabaco, aunque recientemente comenzaron a ponerse a productos asociados con la prevalencia de obesidad o enfermedades crónicas, tales como las bebidas azucaradas industrializadas y los alimentos ultraprocesados.

Recordó que este tipo de cobros iniciaron en México durante 2014, significando vanguardia en el mundo dado que prácticamente no se aplicaban en otro lugar. Apuntó que esto no fue al azar, sino a partir de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la actual crisis de estados de nutrición inadecuados que afectan la productividad.

“Son una respuesta de política pública para atender esas crisis de salud. En ese sentido es que se han aplicado en México desde 2014. Se ha visto que sí están logrando ese componente de salud y reducción de consumo, que corresponde al tamaño del impuesto”, comentó el también investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana CDMX.

Sin embargo, el experto hizo énfasis en que para el caso de los alimentos ultraprocesados sí quedó en la ley la aplicación de un porcentaje que no es afectado por la inflación de los productos. No obstante, no ocurre lo mismo en el caso de las bebidas azucaradas; expuso que a estas inicialmente se les aplicó un IEPS de 1 peso por litro, lo que entonces implicaba un impuesto de alrededor del 10% del costo de dicho volumen, equivalencia que fue bajando poco a poco hasta significar alrededor del 5.6% del precio.

El nutriólogo explicó que las políticas públicas, incluyendo el tamaño del IEPS para ese tipo de líquidos se deben determinar por cada país dependiendo de los objetivos de salud que tenga. Indicó que Catar, por ejemplo, busca prevenir la crisis de obesidad y enfermedades crónicas con un impuesto de 50% al consumidor final. Mientras tanto, en Corea del Sur no tiene necesidad de controlar esos problemas, de modo que no tiene necesidad de aplicar tasas altas de impuestos saludables; no obstante, compartió que en casos como el mexicano se recomienda que sean de por lo menos 20% al precio del consumidor final.

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“Pensando en el ejemplo de que un litro de refresco costara 15 pesos, entonces el consumidor final debería pagar —si queremos que se equipare al 20%— por lo menos de 3 pesos por litro. Entonces sucesivamente, pudiera seguir un diseño para que se mantenga fijo cierto valor y actualice”, apuntó. Arguyó que cuando estos impuestos por volumen, con un valor monetario fijo, entran en vigor, los consumidores son conscientes del premio y ajustan sus compras; pese a ello, la reducción del efecto por actualizaciones bajas o nulas hacen que se recuperen los niveles de compra y, por ende, el consumo de refrescos.

Actualmente, la minuta que se discutirá en el Senado, proveniente de la Cámara de Diputados tras ser avalada ahí, estipula que las bebidas azucaradas deberán pagar ya no 1.64 pesos por litro, sino 3.08 pesos para el 2026. Sin embargo, se precisó que en el caso de las bebidas preparadas con edulcorantes el cobro será de 1.50 pesos.

“Hay que ser cuidadosos con escalonamientos en favor de bebidas light”

Durante la entrevista, La Hoguera cuestionó al académico universitario si era una buena idea diferenciar impuestos para bebidas azucaradas “clásicas” y sus versiones “light”, como lo hizo la Cámara de Diputados, ante una serie de compromisos asumidos por la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) y Coca Cola para promocionar las segundas y limitar el marketing de las primeras.

“Probablemente no sea suficiente para llevar a niveles óptimos la situación de los mexicanos. Habría que analizar producto por producto, hacer análisis muy completos, pero suena a una reducción baja […] La prevalencia de obesidad en adultos es de 76%, prácticamente 8 de cada 10 personas tienen sobrepeso y obesidad; entonces debemos ser claros en qué es lo que queremos para nuestra salud”, manifestó.

Agregó que los impuestos “escalonados” en esta materia se han probado en otros países, pero subrayó la importancia de que en estos casos se revise de manera adecuada los gravámenes, proponiendo que en todo caso el IEPS de 20% para las bebidas “light” y 30% para las tradicionales. Ello con el fin de evitar que las empresas refresqueras hagan solo una pequeña reducción de azúcar para evadir un rango de impuestos.

Abordado también sobre el compromiso de Coca Cola para reducir en 30% las calorías de sus productos, externó que no sería suficiente. Ello dado que la cantidades de azúcares en bebidas industrializadas y alimentos industrializados son excesivas, propiciando que los mexicanos consuman hasta el triple de azúcares añadidos diarios de lo recomendado.

Electrolitos: ¿con o sin IEPS?

El proyecto impositivo promovido por la “Cuarta Transformación” para 2026 contempla que no causarán IEPS las enajenaciones e importaciones de sueros orales que solo contengan todas y cada una de las siguientes sustancias: glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico. Lo anterior en el marco de las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud.

Al respecto, el investigador de la Universidad Iberoamericana de CDMX comentó que habrá que ver qué es lo que finalmente se aprueba, enfatizando que si se gravan estas bebidas conocidas como “Electrolitos” podrían recaudarse –según ha leído– hasta 3 mil 400 mdp anuales, lo cual sería relevante en términos de recaudación. Pese a ello, también consideró importante revisar qué porcentaje de la población los consume.

El experto consideró interesante este debate porque hay productos de este tipo que están en la frontera entre la regulación entre “medicamentos regulados” por autoridades sanitarias y “alimentos o bebidas”, lo cual implicaría modificar la Ley del IEPS para borrar la excepción bajo la cual se amparan para estar exentos de dicho gravamen. Ante esa posibilidad, advirtió que lo correcto debe ser legislar a mercados completos y no solamente a cierta empresa en particular, siempre y cuando convenga en términos de recaudación y salud pública.

“Si ayuda a reducir 5 gramos de azúcar por cada 100 ml un impuesto a Electrolitos, probablemente en términos de salud pública probablemente suena poquito. Pero, repito, hay que tener un paquete de política integral que sea realmente contundente porque estamos en una crisis de salud. Entonces si esto constituye o se considera valioso hay que agregarlo”, sumó y aclaró que

Impuestos saludables ¿y qué más?

El miembro de la Universidad Iberoamericana CDMX compartió que los impuestos actúan como una variable importante en el consumo, pues afecta la asequibilidad o poder de compra de los consumidores. Sin embargo, señaló que también se requiere asegurar que haya entornos sanos en las escuelas, dejando de ofertar a los menores de edad productos con altos niveles de azúcares.

En ese mismo sentido, dijo que otro punto a revisar en el paquete de políticas públicas contra la obesidad es el de los desayunos escolares. Recordó que hace 20 años estos tenían una calidad nutricional cuestionable, pues a través de ellos el gobierno llevaba azúcares añadidos a las escuelas de nivel básico; en contraste, consideró que ahora han mejorado mucho y lo que toca es que estos se apeguen a estándares nutricionales y éticos.

Para cerrar la conversación, Mauricio Hernández fue abordado respecto a por qué no dejar a los ciudadanos tomar por sí mismos sus decisiones sin estas barreras impositivas o hasta los etiquetados, como abogan algunos. Al respecto, indicó que los ciudadanos finalmente se enfrentan en el punto de venta final a la toma de decisión sobre su consumo, pero no todos tienen los mismos recursos para tomarlas.

Argumentó que hay lugares donde el dinero que tiene la población es limitado y no permite tener acceso a productos frescos, sino solamente a otros industrializados; asimismo, resaltó que hay técnicas de mercadotecnia que te hace desear ciertos productos o discriminar otros. Bajo ese contexto y el apuntado durante toda la entrevista, señaló que para los mexicanos no es fácil tomar tomar las decisiones alimentarias correctas y por eso se debe actuar a nivel de políticas públicas –sobre entornos, productos, precios de mercado y consumidor final– que permitan a los ciudadanos realizar mejores elecciones de salud.