ACNUDH y ONGs ven retroceso y riesgos en mando militar de la Guardia Nacional

La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como otras organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, expresaron que la reforma para darle a la Guardia Nacional un mando militar es un retroceso y puede generar más violencia.

Desde Ginebra, Suiza la ACNUDH, Nada Al-Nashif, emitió un posicionamiento sobre la reforma aprobada en México para darle un mando militar a la Guardia Nacional. En un comunicado, la funcionaria señaló que esto es un retroceso y afirmó que las reformas dejan a México sin fuerza policial civil a nivel federal, consolidando más el papel de por sí ya prominente de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, comentó la funcionaria de la organización internacional.

Esta señaló que los mecanismos de derechos humanos han señalado ya previamente que las Fuerzas Armadas solamente deben intervenir en seguridad pública de manera temporal. Asimismo, especificó que esta tendría que aplicarse en circunstancias excepcionales, como último recurso y bajo la supervisión de órganos civiles independientes.

Por último, Nada Al-Nashif argumentó que aunque desde 2006 México ha vivido una militarización de sus fuerzas de seguridad, ello no ha implicado una reducción de la criminalidad. En contraste, manifestó que esta política de seguridad únicamente ha provocado denuncias de graves violaciones de los derechos humanos ejecutadas por militares.

En un sentido similar, la organización Amnistía Internacional comentó que la reforma que oficializa el carácter militar de la Guardia Nacional es un acto atroz, al considerar que los resultados de la militarización de la seguridad pública han sido desastrosos en los últimos 16 años. Ante ello, instó al poder Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Edith Olivares Ferreto, precisó que también se deben hacer políticas públicas de prevención y priorizar el fortalecimiento de las policías civiles. «Ya basta de violaciones de derechos humanos y la impunidad», comentó mediante un comunicado donde indica que entre 2006 y 2022 los homicidios se han incrementado en 218%, que 100 personas que ejercían el periodismo fueron asesinadas en ese mismo periodo y que 105 mil personas han desaparecido.

Por su parte, la Fundación para la Justicia acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de haber olvidado sus promesas de campaña y a las víctimas de la violencia ejercida por militares. Al respecto de esto último, comentó que muchas de esas personas victimadas provienen de grupos vulnerables como personas de bajos recursos, mujeres y migrantes.

En tanto, contrario a lo declarado por la senadora morenista Olga Sánchez Cordero, esta organización señaló que no existe una ruta clara para la desmilitarización del futuro, pues «se le dio al Ejército un cheque en blanco que le permite seguir acumulando poder».