Absuelven a José Luis Abarca de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

José Luis Abarca Velázquez, expresidente municipal de Iguala, Guerrero, acusado de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural ‘Raúl Isidro Burgos’ la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, fue absuelto por un juez federal por falta de pruebas.

El alcalde perredista fue recluido en el penal del Altiplano desde noviembre de 2014 e imputado por los delitos de secuestro y desaparición de los jóvenes estudiantes, pero a casi ocho años de ocurrida la desaparición, el juez tercero de distrito en procesos penales federales Jorge Guillermo García Suárez Capos con sede en Tamaulipas determinó que no existen elementos suficientes para vincularlo con el delito señalado.

Pese al fallo a su favor que acaba de obtener Abarca Velázquez del juez, la Fiscalía General de la República (PGR) aún puede impugnar la medida para que esta sea revisada por un Tribunal Unitario, en el entendido de que también en la investigación que realizó la Comisión de la Verdad encabezada por Alejandro Encinas señalan al exedil como uno de los que ordenó “recuperar la mercancía y darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes”.

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Además, sobre José Luis Abarca pesan tres imputaciones más por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y el homicidio del activista Arturo Hernández, miembro de la organización Unidad Popular, motivo por el cual no puede recuperar su libertad.

En 2014, cuando fue detenido el perredista, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam, lo acusó de haber ordenado desaparecer a los estudiantes porque presuntamente habían acudido a Iguala para sabotear el informe de labores de su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa (también detenida), como presidente del DIF municipal, de según el relato de la ‘Verdad histórica’.

La absolución que le fue comunicada la noche de este martes 13 de septiembre a la defensa de Abarca Velázquez, quienes han sostenido que la imputación contra su cliente y su esposa fue fabricada por el entonces procurador Murillo Karam y por las autoridades del gobierno de Guerrero, entonces encabezado por el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, pero que dichas aseveraciones también difieren del resultado obtenido de la investigación de la Comisión de la Verdad donde sí se identifica al exalcalde como uno de los jefes de la zona que mandó a desaparecer a los normalistas.