Bartlett está limpio, asegura Irma Eréndira Sandoval

La Secretaría de la Función Pública informó que no se hallaron conflictos de interés de parte de Manuel Bartlett mientras se desempeñó como titular de la CFE.

De acuerdo con Irma Eréndira Sandoval, titular de este organismo, las investigaciones muestran que Barlett no ocultó bienes dentro de su declaración patrimonial.

«De las constancias recabadas por esta autoridad no se desprende que el señor Manuel Bartlett Díaz haya tenido algún conflicto de interés y en consecuencia que haya actuado en su desempeño como servidor público bajo esa cuestión”, señaló Sandoval.

“En la temporalidad de los hechos denunciados, el investigado no tiene ninguna injerencia o control en las empresas por las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron”, continuó la funcionaria en referencia a las empresas por las que se le investigó a Bartlett pertenecen a sus hijos y de su pareja sentimental, Julia Elena Abdalá Lemus.

Se detalló también que, al no existir una relación legal de matrimonio o concubinato entre Bartlett y Abdalá, no hay modo de involucrarlo en la propiedad de esos bienes.

De acuerdo a la titular de la Función Pública, Bartlett no ha intervenido en la atención, tramitación o resolución de asuntos de dichas empresas como podría ser la celebración de contratos que son inexistentes «bajo este gobierno».

Tania de la Paz, subsecretaría de Responsabilidades Administrativas de la SFP, señaló que la investigación cuenta con indagatorias en las que no se encontraron ningún elemento jurídico para probar que hubo beneficio o injerencia en estas propiedades.

Sandoval destacó que desde septiembre de este año han llegado 33 denuncias en contra de Bartlett, varias de ellas fundadas sólo en los reportajes denominados Bartlett Bienes Raíces y Bartlett SA de CV, los cuales fueron raíces para la investigación.

La titular de la SFP señaló que a partir del siguiente año entran en vigor los nuevos formatos de declaraciones patrimoniales aprobados por el Sistema Nacional Anticorrupción, donde todos los servidores públicos tendrán la obligación de reportar en sus declaraciones los bienes que se encuentran registrados también a nombre de parejas sentimentales aunque no exista relación jurídica entre ellos.

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